Corrupción en Aduanas: Red de Contrabando y Complicidad Civil-Militar al Descubierto
Corrupción en Aduanas: Red Civil-Militar al Descubierto

Corrupción en Aduanas: Una Red Profunda de Contrabando y Complicidad

La corrupción en el sistema aduanal mexicano ha sido un problema persistente, con una red que involucra a funcionarios civiles y militares, según revela un informe confidencial de la Marina. Este escándalo se remonta a los inicios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien designó a Ricardo Peralta como director de Aduanas a finales de 2018. Peralta salió del cargo año y medio después bajo sospechas de presunta corrupción, siendo protegido por la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Rotación de Directores y Falta de Transparencia

Tras Peralta, asumió el puesto Ricardo Ahued, quien duró solo 11 meses debido a diferencias con el expresidente. Le siguió Horacio Duarte, que tampoco consolidó su gestión, y luego Rafael Marín Mollinedo, quien ha ocupado el cargo de manera intermitente. En 2021, López Obrador transfirió el control de las 17 fronteras marítimas a la Marina, argumentando que se habían convertido en un "botín". Sin embargo, la corrupción no se detuvo.

El exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, es señalado como presunto delincuente por no combatir la corrupción, sino solaparla, según documentación interna gubernamental. A pesar de que la Marina asumió el control operativo y administrativo de los puertos, los esquemas ilícitos continuaron, perdiéndose una oportunidad clave en la segunda parte del sexenio.

Documento Confidencial y Redes de Corrupción

Un documento confidencial de la Marina, circulado en 2022, detalla los niveles de corrupción durante la administración de Horacio Duarte. Este informe señala a tres funcionarios clave en el esquema: Juan Carlos Madero Larios, subdirector de Operación Aduanera; José Marcos García Nieto, encargado de Modernización de Equipamiento e Infraestructura; y Carlos Narváez Romero, exdirector de Evaluación en Aduanas.

Madero Larios era el principal responsable institucional de la red, mientras que García Nieto y Narváez Romero mantenían vínculos con el crimen organizado. El documento también menciona la participación del vicealmirante Felipe Solano Armenta, quien interactuaba con almirantes, representantes de la Fiscalía General de la República y civiles.

Extensión Nacional y Vínculos con el Narcotráfico

La red de corrupción se extendía por todo el país, con operaciones en puertos clave:

  • Lázaro Cárdenas: Controlado por el almirante Fernando Farías Laguna, a través del capitán Julián Manuel Otáñez, donde se exportaba hierro a China con documentos falsos.
  • Ciudad de México: Un contrabandista empleaba a un contralmirante y un teniente de la Marina, con vínculos entre el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" y la aduana interna de Pantaco.
  • Manzanillo: Administrada por el contralmirante Antonio Bandala López y el capitán Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en 2024 tras denunciar el contrabando de combustible.
  • Otras localidades: Incluyen Mexicali, Nuevo Laredo y Nogales, con funcionarios menores participando en manejos ilegales.

El documento también revela conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que controlaba rutas desde Lázaro Cárdenas hasta Veracruz. Funcionarios de la FGR realizaban inspecciones simuladas y alteraban registros para evadir revisiones de la Secretaría de la Defensa.

Falta de Voluntad Política y Consecuencias

A pesar de la información profusa y concreta, ha faltado voluntad política para investigar a fondo y determinar responsabilidades. Los implicados han seguido carreras políticas: Peralta es representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México; Ahued es secretario de Gobierno en Veracruz; Duarte ocupa el mismo puesto en el Estado de México; y Marín Mollinedo aspira a la gubernatura de Quintana Roo, enfrentando acusaciones de delitos electorales.

Este caso subraya la urgencia de reformas estructurales en Aduanas para erradicar la corrupción y fortalecer la transparencia, asegurando que tanto civiles como militares rindan cuentas por sus acciones.