El señalamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha detonado una de las mayores crisis políticas recientes para Morena y la autodenominada Cuarta Transformación. La acusación de las autoridades estadounidenses apunta a presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa de un grupo de funcionarios morenistas, incluidos el mandatario sinaloense y el senador Enrique Inzunza, quien ayer se esfumó de su oficina, según constató el reportero de Crónica, Alejandro Páez.
Acusaciones de narcotráfico y posesión de armas
Posesión de armas de alto calibre y complicidades para traficar estupefacientes con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, son las principales acusaciones contra dichos políticos mexicanos vinculados al oficialismo. De acuerdo con las investigaciones judiciales estadounidenses, Rocha Moya y otros funcionarios habrían colaborado con el grupo criminal para facilitar operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos. Las acusaciones incluyen supuestos sobornos, protección institucional y acuerdos políticos con la organización delictiva.
Reacciones de Morena y la oposición
Algunas figuras prominentes del partido gobernante, como el senador Adán Augusto, ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Tabasco, reaccionaron con evasivas a las preguntas de la prensa en la Cámara alta. Morena cerró filas y acusó a Estados Unidos de injerencia y violación a la soberanía nacional por difundir la información sin respetar los debidos procesos legales. La oposición, en cambio, ha aprovechado el escándalo para cuestionar la integridad de Morena y su estrategia de seguridad. Dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han exigido la renuncia del mandatario sinaloense e incluso la desaparición de poderes en Sinaloa.
Impacto histórico y consecuencias legales
Para el académico del Colegio de México, Sergio Aguayo, esta acusación es histórica, pues nunca antes el Gobierno estadounidense había acusado a un gobernador mexicano en funciones de narcotraficante. La pena que solicita el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya va desde los 40 años hasta la cadena perpetua. Rocha Moya rechazó categóricamente las acusaciones y las calificó como calumnias. La Fiscalía General de la República ha pedido a las autoridades estadounidenses presentar pruebas contundentes antes de avanzar en cualquier acción legal.
El caso ha generado un inmediato impacto político interno. Legisladores del PRI, como Alejandro Alito Moreno, exigieron investigación a fondo y detención inmediata de todos los involucrados. Jorge Álvarez Máynez, presidente de Movimiento Ciudadano, demandó que el gobierno federal se deslinde de Rubén Rocha de forma inmediata y permita que sea investigado. Morena dio un sutil espaldarazo a Rocha Moya al advertir que hay una intención política para dañar al movimiento obradorista y subvertir la soberanía mexicana.
