DIF Estado de México concentra más de 6 mil millones de pesos en un solo proveedor
El DIF Estado de México (DIFEM) ha canalizado una derrama económica acumulada de más de 6 mil 354 millones de pesos a favor de la empresa Despensas y Provisiones de Alimentos S.A. de C.V. (DYPASA) entre los años 2024 y 2026. Este monto revela un control absoluto del programa alimentario mexiquense, operado por esta firma durante los últimos tres lustros, en un entorno de licitaciones cerradas que prácticamente anulan la competencia.
Monopolio en el suministro de alimentos
Bajo la dirección de Karina Labastida Sotelo, el organismo local ejerce un presupuesto anual superior a los 2 mil millones de pesos. La permanencia de DYPASA no se debe a mejoras en precios, sino a un diseño restrictivo de los procesos de contratación. Por ejemplo, en 2026, tras declararse desierta una licitación pública, el DIFEM optó por una invitación restringida dirigida exclusivamente a DYPASA, por un monto de más de 2 mil 327 millones de pesos.
Los requisitos establecidos, como un capital contable mínimo de 700 millones de pesos, excluyen a la mayoría de las comercializadoras del país. En 2024, solo dos empresas participaron en una licitación, y DYPASA obtuvo una adjudicación de poco más de 1.8 mil millones de pesos. Para 2025, la competencia se cerró por completo, con DYPASA como única participante y un contrato por más de 2 mil 214 millones de pesos.
Denuncia penal y escalada a nivel nacional
Este esquema coincide con una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Contraloría estatal. El documento detalla un presunto sistema de extorsión, donde intermediarios habrían exigido pagos de hasta 2 millones de pesos en efectivo para asegurar contratos del DIFEM, gestiones que, según testimonios, nunca se concretaron.
La denuncia vincula directamente a Karina Labastida Sotelo; a Maximiliano Alexander, magistrado del Poder Judicial mexiquense; al diputado local Carlos Zurita; y al notario Alejandro Moreno Morales. La controversia llegó a la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el 17 de marzo no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga si se comprueban delitos federales.
Este caso subraya la necesidad de transparencia en las contrataciones públicas y pone en evidencia las prácticas monopólicas en el suministro de alimentos para programas sociales en el Estado de México.
