El fiscal estadounidense interino, Todd Blanche, aseguró el miércoles que vendrán más acusaciones contra funcionarios mexicanos, con base en informaciones que han dado a las autoridades algunos de los 96 líderes narcotraficantes que México ha entregado a Estados Unidos desde hace un año.
Declaraciones de Todd Blanche
En entrevista con el medio conservador News Nation, le preguntaron si habrá otras acusaciones contra funcionarios mexicanos. Respondió que: “Por supuesto, ya acusamos a múltiples funcionarios de gobierno y a un juez mexicanos. Eso es algo que continuará”.
“Es algo que hemos hecho en el pasado y ciertamente continuaremos haciendo en el futuro”, dijo.
Relación con el gobierno de México
Blanche declaró que: “Tenemos una muy buena relación con el gobierno de México ahora. Me parece que ellos reconocen la importancia de su relación con nosotros, y también que esa relación depende de cooperación, apoyo en el área de migración, en combatir el tráfico de drogas y cosas así”.
“No quisiera considerar que nuestra relación está mal; por el contrario, tenemos muy buena relación con mucho del gobierno de México ahora”, aclaró.
Cooperación de líderes de cárteles
Al asegurar que habrá más acusaciones, Blanche aclaró que “una de las consecuencias de haber traído a muchos líderes de cárteles en el año pasado, en cooperación con el gobierno de México, es que algunos de ellos quieren cooperar y esa cooperación va a llevar a cargos adicionales”.
Apoyo legal y técnico
El documento oficial de la Estrategia 2026 subraya que esta nueva fase de acusaciones se apoyará en la Sección 311 de la Ley PATRIOT, la cual permite al Departamento del Tesoro aplicar “medidas especiales” contra jurisdicciones o instituciones financieras que faciliten el lavado de dinero de los cárteles, antes de presentar denuncias formales.
Asimismo, el Departamento de Justicia enfatizó que la cooperación de los testigos protegidos —muchos de ellos extraditados recientemente— es procesada bajo la Regla 35 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal. Esta normativa permite reducir las sentencias de los capos a cambio de “asistencia sustancial” en la identificación de redes de protección institucional. Según el reporte, esta metodología técnica ha sido clave para estructurar los expedientes contra el juez y los múltiples funcionarios mexicanos mencionados.
