La incómoda pregunta que resuena en Jalisco tras el arresto del alcalde de Tequila
La detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco, junto a tres miembros de su gabinete, ha desatado una ola de cuestionamientos que apuntan directamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Mientras el Gobierno federal enfrenta críticas por su tardía intervención, la dependencia estatal es señalada por su aparente inacción ante un año completo de denuncias públicas.
Un año de impunidad documentada
Durante más de doce meses, medios de comunicación y redes sociales reportaron numerosas acusaciones contra el edil, incluyendo:
- Extorsión a empresas tequileras
- Saqueo de recursos públicos
- Amenazas de muerte y violencia política
- Cobros indebidos y excesos en el ejercicio de su cargo
A pesar de esta evidencia pública, la Fiscalía de Jalisco nunca inició acciones contra Rivera hasta que la autoridad federal intervino.
Las denuncias que la fiscalía conocía
El 18 de diciembre, Salvador González de los Santos, fiscal estatal, reconoció la existencia de dos denuncias formales contra el alcalde:
- Una por extorsión presentada por la empresa José Cuervo
- Otra por amenazas de muerte, violencia política y acoso interpuesta por dos regidoras y una activista
Ese mismo día, Salvador Zamora, secretario general de Gobierno, admitió conocimiento de al menos cinco denuncias contra Rivera, señalando que algunas "no son nuevas". El gobernador Pablo Lemus incluso mencionó diez quejas de igual número de tequileras por presunta extorsión.
Responsabilidades políticas entrelazadas
La responsabilidad política inicial recae en Morena, partido que postuló a Rivera, respaldó su permanencia y lo defendió públicamente en diciembre frente a las acusaciones. Sin embargo, la responsabilidad operativa de permitir que el alcalde actuara con impunidad durante más de un año corresponde directamente a la fiscalía estatal, instancia que en la práctica depende del Ejecutivo estatal.
Desde 2016, el Congreso de Jalisco eliminó el fuero constitucional para alcaldes, por lo que no existía impedimento legal para actuar contra Rivera. Esto plantea preguntas incómodas:
- ¿Cuántas denuncias contra presidentes municipales permanecen archivadas en la fiscalía?
- ¿Cuántas alcaldías están controladas, parcial o totalmente, por el crimen organizado sin que la Fiscalía local intervenga?
Tequila: una olla de presión que estalló
Testimonios de pobladores y políticos, documentados previamente, describían a Tequila como una olla de presión a punto de estallar. La caída de Diego Rivera no debe celebrarse como un triunfo de la Federación o el Estado, sino como motivo para un examen de conciencia urgente sobre las fallas del sistema de justicia.
Los habitantes, que durante un año vivieron bajo lo que algunos llaman "la Ley de Herodes", aún cargan con el miedo y la memoria de la impunidad. Su realidad diaria de trabajo, estudio y supervivencia se vio empañada por la inacción de las autoridades que debían protegerlos.
La complicidad del silencio
Tanto la Federación como el Gobierno local tienen la responsabilidad histórica de garantizar que esta situación no se repita. La experiencia de Tequila demuestra claramente que la inacción también es una forma silenciosa de complicidad. La eficacia de la justicia local y la rapidez de la federal quedaron en entredicho, revelando fallas sistémicas que requieren atención inmediata.
