La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que dos exfuncionarios de la extinta Policía Federal fueron sancionados con inhabilitaciones de hasta 20 años y multas millonarias, tras acreditarse su responsabilidad en el desvío de más de 65 millones de dólares destinados a un contrato de seguridad firmado durante el sexenio pasado.
Identificación de los sancionados
Los sancionados son Frida M., exsecretaria general de la corporación, y Damián C., ex titular de la División de Inteligencia, quienes además enfrentan investigaciones penales abiertas por parte de la Fiscalía General de la República.
El caso representa uno de los expedientes administrativos más relevantes impulsados recientemente por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción, en medio del endurecimiento de investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción dentro de antiguas estructuras federales de seguridad.
Detalles de las sanciones impuestas
De acuerdo con la resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Frida M. fue inhabilitada durante 20 años para ocupar cargos públicos y deberá cubrir una indemnización económica. En tanto, Damián C. recibió una inhabilitación de 15 años, además de sanciones económicas derivadas del daño causado al erario. Las indemnizaciones impuestas en conjunto superan los 65 millones de dólares estadounidenses.
La Secretaría Anticorrupción sostuvo que las investigaciones permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por ambos exservidores públicos durante su paso por la Policía Federal.
Origen del desvío: contrato con empresa de seguridad
Según la información oficial, el dinero desviado estaba destinado al cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato firmado en diciembre de 2015 entre la entonces Policía Federal y la empresa Rafael Advanced Defense Systems LTD. El convenio contemplaba la prestación de servicios especializados en materia de seguridad e inteligencia. Sin embargo, las investigaciones administrativas concluyeron que los recursos fueron desviados de su finalidad original mediante operaciones irregulares dentro de la corporación federal.
La Secretaría Anticorrupción indicó que la Unidad de Combate a la Impunidad documentó anomalías financieras y administrativas suficientes para sustentar el procedimiento sancionador ante el tribunal.
Investigación penal en curso
Además de las sanciones administrativas, el caso fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República. Las autoridades confirmaron que actualmente continúan abiertas las investigaciones ministeriales relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos. Hasta ahora, la FGR no ha informado si existen órdenes de aprehensión o nuevas imputaciones derivadas del expediente. El caso podría avanzar hacia responsabilidades penales dependiendo del desarrollo de las diligencias ministeriales y financieras.
Contexto de la extinta Policía Federal
El procedimiento ocurre en un contexto de revisión sobre contratos y operaciones realizadas durante los últimos años de funcionamiento de la Policía Federal, corporación desaparecida oficialmente en 2019 tras la creación de la Guardia Nacional. En los últimos años, distintas investigaciones federales han puesto bajo revisión decisiones administrativas, adquisiciones tecnológicas y contratos relacionados con seguridad, inteligencia y equipamiento.
Especialistas en combate a la corrupción han advertido que los contratos ligados a tecnología y sistemas de inteligencia suelen involucrar grandes montos económicos y mecanismos financieros complejos, lo que dificulta la fiscalización inmediata de los recursos.
Postura de la Secretaría Anticorrupción
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que las sanciones buscan fortalecer una política de cero impunidad frente a actos de corrupción cometidos desde el servicio público. “Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, señaló la dependencia en un comunicado. La institución también llamó a la ciudadanía a denunciar posibles irregularidades mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas. “El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad”, indicó la dependencia federal.
La resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo de recursos dentro de la extinta Policía Federal, particularmente en áreas vinculadas con inteligencia y contratos internacionales. Aunque las sanciones administrativas ya fueron determinadas, el caso aún podría derivar en nuevas acciones judiciales si las investigaciones penales confirman responsabilidades adicionales. La Secretaría Anticorrupción aseguró que continuará impulsando investigaciones relacionadas con faltas graves y desvío de recursos públicos dentro de instituciones federales.
