Jalisco exige reforma para vetar a candidatos delincuentes en elecciones
La detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera, acusado de extorsión y presuntos nexos con la delincuencia organizada, junto con el caso del diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, quien tiene antecedentes penales, han reavivado un debate urgente en Jalisco. Estos episodios exhiben la debilidad de los filtros legales y partidistas que permiten que personas con historial delictivo accedan a cargos de elección popular, generando alertas sobre la infiltración del crimen en espacios de poder.
Casos que encendieron las alarmas
Los incidentes no son aislados. En 2025, también fue detenido José Ascensión Murguía, entonces presidente municipal de Teuchitlán, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Estos casos han impulsado llamados a una reforma electoral de fondo para establecer candados que impidan la participación de individuos con antecedentes delictivos en decisiones legislativas o ejecutivas.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se pronunció a favor de incluir "candados suficientes" en la próxima reforma electoral federal impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. "Nunca se sabe para quién trabajan: si para la ciudadanía o para los delincuentes", afirmó, subrayando la necesidad de proteger la integridad democrática.
Vacíos legales y responsabilidad partidista
Arturo Villarreal, académico del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara, destacó que la legislación vigente no prohíbe expresamente que personas con antecedentes penales sean candidatas. "Tiene que reformarse, porque hoy simplemente no lo impide", señaló. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco confirmó que entre los requisitos para registrarse como candidatos no se encuentra la presentación de una carta de no antecedentes penales, lo que explica irregularidades en registros como el de Almaguer.
Dirigentes partidistas reconocen esta omisión. Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano en Jalisco, y Laura Haro, del PRI, coincidieron en la necesidad de modificar la ley. Haro adelantó que su bancada presentará una iniciativa para endurecer requisitos y establecer filtros obligatorios, incluyendo exámenes de control y confianza similares a los aplicados a policías.
Desde la academia, Luis Campos, de la Universidad Panamericana, advirtió que, incluso con reformas legales, la responsabilidad central seguirá recayendo en los partidos políticos, quienes deben aplicar filtros éticos reales en la selección de candidatos. En contraste, Harold Dutton, de la UdeG, alertó que un exceso de restricciones podría derivar en litigios por presuntas violaciones a derechos humanos, requiriendo un diseño jurídico cuidadoso.
Posturas partidistas y ejemplos internacionales
Juan Pablo Collín, presidente del PAN en Jalisco, sostuvo que los partidos deben asumir responsabilidad directa en la selección de candidaturas y establecer filtros claros para evitar perfiles vinculados con actos ilegales. Mientras tanto, Érika Pérez, presidenta de Morena en Jalisco, no emitió respuesta ante las consultas sobre este tema.
La discusión no es exclusiva de México. Países como Colombia y Brasil han incorporado figuras como la inhabilitación automática para competir cuando existen sentencias firmes por corrupción, delincuencia organizada o delitos graves, buscando proteger la integridad democrática sin criminalizar la competencia electoral.
Contexto nacional de impunidad y casos emblemáticos
México se ubica entre los 15 países con mayores niveles de impunidad a nivel mundial, según el Índice Global de Impunidad 2025. A pesar de esto, casos emblemáticos muestran que algunos exfuncionarios han enfrentado la justicia. Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, fue sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, enfrenta acusaciones por peculado agravado y asociación delictuosa tras su extradición desde Estados Unidos.
Otros casos incluyen a Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero, y Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, acusado de desempeño irregular de la función pública. A nivel municipal, ejemplos como José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, detenido tras la desaparición de los 43 normalistas, ilustran la penetración del crimen en gobiernos locales.
Fracaso del sistema anticorrupción y llamados a la acción
Desde su creación en 2015, el Sistema Nacional Anticorrupción no ha cumplido con su objetivo, según Jesús Ibarra, coordinador del Observatorio Judicial del ITESO. Ibarra señaló que el sistema carece de facultades reales para actuar, funcionando como un mecanismo de coordinación sin capacidad de decisión ni coerción, lo que ha derivado en simulación institucional.
Lucía Almaraz, académica de la Univa, coincidió en que los sistemas anticorrupción no están dando resultados debido a un diseño fragmentado que impide investigaciones y sanciones efectivas. Ambos expertos plantearon la necesidad de una reestructuración profunda y el fortalecimiento de comités de participación ciudadana como contrapesos críticos.
Los casos recientes en Jalisco demuestran que dejar la ética en manos de la buena voluntad partidista ya no es suficiente. Sin reformas claras y filtros efectivos, la democracia mexicana seguirá expuesta a que el poder público sea ocupado por quienes deberían rendir cuentas ante la justicia, equilibrando derechos políticos con el interés público en un contexto de impunidad persistente.
