Exgobernador de Veracruz enfrenta nuevo proceso judicial por desvío de recursos
La justicia federal mexicana ha dado un paso significativo en un caso que involucra fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables. Un juez federal decidió vincular a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. Esta decisión judicial representa un nuevo revés para el exmandatario, quien actualmente cumple una condena de nueve años pero ahora enfrenta acusaciones que podrían mantenerlo más tiempo tras las rejas.
Los detalles del desvío de 5 millones de pesos
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación revela que Duarte firmó un decreto que permitió redirigir cinco millones de pesos originalmente asignados a programas sociales. Estos recursos estaban destinados específicamente al Fondo para Discapacitados y a apoyos para niños y adultos mayores, pero según la fiscalía, fueron utilizados para cubrir nómina y otros compromisos financieros del gobierno estatal de Veracruz.
Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la fiscalía presentó 38 pruebas contundentes que sustentan su acusación. Entre estas evidencias destaca el testimonio de Antonio Tarek Abdalá, quien fungió como extesorero de Veracruz durante la administración de Duarte. Abdalá explicó detalladamente cómo en aquel gobierno se mezclaban fondos de distintas partidas presupuestales, una práctica que internamente conocían como "barriendo las cuentas".
La defensa del exgobernador y la respuesta judicial
Frente a estas graves acusaciones, Javier Duarte rechazó categóricamente los señalamientos, calificándolos de "una bola de sandeces". El exmandatario argumentó que, como gobernador, no era responsable directo de la planeación financiera del estado, señalando específicamente: "Yo no fui secretario de Finanzas y Planeación, fui gobernador". Además, insistió en que los recursos en cuestión provenían del ámbito estatal y no federal, y acusó que existe una consigna política para mantenerlo encarcelado.
La defensa legal de Duarte intentó frenar el proceso alegando que el delito de peculado no estaba incluido en los términos de la extradición otorgada por Guatemala, país donde fue capturado inicialmente. Sin embargo, el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor determinó que existían elementos suficientes para continuar con el juicio, afirmando contundentemente: "El componente político no tiene cabida en mi función". El magistrado subrayó que su decisión se basa exclusivamente en criterios legales y en las pruebas presentadas por la fiscalía.
Implicaciones para el futuro jurídico de Duarte
Con esta resolución, la situación jurídica de Javier Duarte se complica considerablemente ante la justicia mexicana. El exgobernador, quien está a punto de concluir su condena previa de nueve años, ahora enfrenta un nuevo proceso que podría prolongar su estancia en prisión. Este caso representa un ejemplo significativo de los esfuerzos por combatir la corrupción en el uso de recursos públicos, especialmente aquellos destinados a programas sociales que benefician a los sectores más vulnerables de la población.
La vinculación a proceso marca el inicio formal de un juicio que examinará en profundidad las prácticas financieras de la administración de Duarte en Veracruz. Las próximas etapas del proceso judicial determinarán si las acusaciones de peculado se sostienen ante la ley, en un caso que ha captado la atención nacional por involucrar a un exgobernador y recursos destinados a programas de asistencia social.
