La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se comprometió a impulsar un diálogo plural y respetuoso hacia todas las voces durante su conducción en la Comisión Permanente, en contraste con el apagón de micrófono aplicado en el Senado por su homóloga Laura Itzel Castillo.
Crítica al silencio forzado
“Que tú quieras callar a un legislador, eso no vuelve a los delincuentes buenos; que tú quieras cerrarle el micrófono a un legislador, eso no hace que el crimen organizado deje de mandar, lamentablemente, en muchos territorios de nuestro país”, afirmó la parlamentaria en conferencia de prensa.
La presidenta de los senadores, de la bancada de Morena, ha cerrado el micrófono a legisladores de Acción Nacional cuando, a su juicio, se desvían del tema para el cual se les otorgó la tribuna. En la sesión del miércoles anterior, durante la apertura de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo ordenó apagar el micrófono mientras el senador Ricardo Anaya señalaba la necesidad de romper el vínculo del poder público con la delincuencia organizada, en referencia a la solicitud de extradición del gobernador con licencia Rubén Rocha por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Extensión de la práctica
El cierre de micrófono a la oposición se ha extendido en la Cámara Alta. Por reglamento, las discusiones de la Comisión Permanente recaen en la presidencia y vicepresidencias de la Mesa Directiva, a las que pertenecen la senadora Castillo y la diputada López Rabadán, respectivamente.
“Para que lo malo se acabe, para que lo positivo, lo bueno, la prosperidad y la legalidad florezcan en este país, se necesita escuchar a todas y a todos, respetarnos entre todas y entre todos”, afirmó la diputada de Acción Nacional.
Prueba de fuego para las instituciones
Al fijar postura sobre la acusación contra 10 políticos y funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, López Rabadán consideró que el caso es una prueba de fuego para todas las instituciones del Estado mexicano, particularmente para el Poder Judicial. “Es una prueba de fuego para las instituciones mexicanas. No se debe acompañar, proteger, no se debe simular ante un hecho como este (…) Espero que este reto lo pasemos como nación, en positivo”.
Comentó que lo expuesto en el documento del Departamento de Estado sobre el comportamiento de los funcionarios “es algo que nunca se había vivido, nunca, no hay un registro de un gobernador en funciones que haya sido señalado con esta magnitud”.
Señales ignoradas
La diputada recordó que se acumularon señales que fueron ignoradas sobre lo que sucedía en Sinaloa, como las denuncias del diputado federal Mario Zamora y de liderazgos como Paola Gárate, así como las que las dirigencias partidistas hicieron ante la OEA por la presunta intervención del narco en la elección de 2021 y el asesinato de Héctor Melesio Cuén.
“Me parece que también es un gran reto para el Poder Judicial. Es la oportunidad de saber si los jueces están del lado de la legalidad o del lado de alguna posición ideológica. Es una etapa crítica para nuestro país en términos de instituciones”, consideró. “Lo que hoy enfrentamos también es consecuencia de una lamentable omisión institucional”, lamentó.
