El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, se pronunció en contra de la extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve acusados, incluido el senador Enrique Inzunza, quienes presuntamente tienen vínculos con el crimen organizado. Durante su intervención en la comisión permanente, Castañeda demandó que estos individuos sean procesados y juzgados en México, argumentando que sería altamente peligroso que Estados Unidos asumiera la aplicación de la justicia en el país.
Postura de Movimiento Ciudadano
Encabezados por Clemente Castañeda, dirigentes locales, diputados y senadores de Movimiento Ciudadano consideraron correcto, pero insuficiente, que algunos de los implicados hayan solicitado licencia. Por ello, ya presentaron solicitudes de juicio político en su contra, con el objetivo de que no haya duda sobre si tienen o no fuero y que enfrenten la justicia en México.
Críticas a la presidenta Sheinbaum
Castañeda señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad, pero también la obligación, de hacer que los políticos de su partido asuman los costos y el castigo por sus conductas. Asimismo, reconoció que la jefa del Estado mexicano asume una posición más de justificación y de tapadera que de tomar con decisión el tema.
Respuesta ante acusaciones de simulación
Cuestionado sobre si pedir juicio político y que los acusados sean procesados en México no es una simulación o una ingenuidad, dado que Morena controla todos los mecanismos en las cámaras, la fiscalía y los jueces, Clemente Castañeda respondió: “No sé si es ingenuo, iluso o estéril. Lo que nosotros creemos firmemente es que este es el momento en que la Jefa del Estado mexicano está obligada a demostrar que efectivamente son distintos, que efectivamente se va a hacer justicia, que efectivamente son capaces de juzgar, apegados a derecho, a uno de los suyos, que lo han defendido en muchos otros momentos y en muchas otras instancias”.
Exigencias a la gobernadora interina
Movimiento Ciudadano también exigió a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, cuya designación representa continuidad en el gobierno de Rocha Moya, que demuestre lo contrario, actúe con total transparencia, facilite las investigaciones y no proteja a ningún señalado. El compromiso de Bonilla, señalaron, debe ser únicamente con el pueblo de Sinaloa.
