Un juez federal ha emitido una orden de aprehensión contra José Lobatón, exfuncionario de la administración anterior, por su presunta participación en actos de corrupción. La medida fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) tras una investigación que reveló irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su gestión.
Detalles de la acusación
De acuerdo con las autoridades, Lobatón habría desviado fondos destinados a programas sociales hacia cuentas personales y de terceros, utilizando empresas fantasma para ocultar las transacciones. El monto total del desvío asciende a varios millones de pesos, según los informes periciales presentados por la FGR.
Investigación en curso
La investigación, que duró más de un año, incluyó la revisión de contratos, transferencias bancarias y testimonios de testigos protegidos. La FGR también ha solicitado el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a Lobatón y a sus presuntos cómplices.
El exfuncionario, quien ocupó cargos de alto nivel en la Secretaría de Desarrollo Social, ha negado las acusaciones y ha declarado que se trata de una persecución política. Sin embargo, el juez consideró que existen elementos suficientes para proceder con la captura.
Reacciones
Organizaciones de la sociedad civil han celebrado la orden de aprehensión, señalando que es un paso importante en la lucha contra la corrupción en México. Por su parte, el partido político al que perteneció Lobatón ha expresado su respaldo al exfuncionario y ha calificado la acción como un acto de venganza política.
La defensa de Lobatón ha anunciado que interpondrá un amparo para evitar su detención, argumentando que no se le ha permitido acceder a todas las pruebas en su contra. Se espera que en los próximos días se resuelva la situación legal del exfuncionario.
Antecedentes
No es la primera vez que Lobatón enfrenta acusaciones de corrupción. En 2018, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en el uso de recursos públicos, aunque en esa ocasión no se presentaron cargos formales. La nueva orden de aprehensión marca un punto de inflexión en su caso.
La FGR ha reiterado su compromiso de investigar y sancionar a todos los funcionarios públicos que hayan incurrido en actos de corrupción, sin importar su afiliación política o nivel de influencia. Este caso es parte de una serie de acciones legales contra exfuncionarios de la administración anterior.
