El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, retirar de inmediato toda la propaganda política del gobierno estatal que promueva su imagen o logros de su administración. La decisión se tomó luego de que el partido Morena presentara una queja por la presunta promoción personalizada del mandatario en medios oficiales.
Detalles de la resolución
La Sala Regional Especializada del TEPJF determinó que el gobernador incurrió en la difusión de propaganda gubernamental con fines electorales, lo que está prohibido por la ley. La propaganda incluía spots de radio y televisión, así como anuncios en redes sociales y espectaculares en la vía pública.
El tribunal ordenó al gobierno estatal retirar todo el material en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Además, se instruyó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que vigilen el cumplimiento de la medida.
Reacción de las partes
El gobernador Javier Corral manifestó su desacuerdo con la resolución, argumentando que la propaganda solo difundía logros de su administración y no tenía fines electorales. Anunció que su equipo jurídico analizará la posibilidad de impugnar la decisión ante la Sala Superior del TEPJF.
Por su parte, el representante de Morena en Chihuahua celebró la resolución, señalando que es un paso importante para garantizar la equidad en la contienda electoral. Afirmó que el gobernador había utilizado recursos públicos para promocionar su imagen, lo que constituye una violación a la ley electoral.
Antecedentes
Esta no es la primera vez que el gobernador de Chihuahua enfrenta acusaciones por uso indebido de propaganda. En 2019, el INE ya le había llamado la atención por promocionar su imagen en eventos oficiales. Sin embargo, esta es la primera ocasión en que un tribunal electoral emite una orden de retiro de propaganda.
La resolución del TEPJF se da en el contexto de las elecciones federales de 2021, donde se renovará la Cámara de Diputados y varios cargos locales. El tribunal busca evitar que los gobiernos estatales utilicen recursos públicos para favorecer a sus partidos o candidatos.
