El Partido Acción Nacional (PAN) ha anunciado su intención de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusándolo de presuntos vínculos con el narcotráfico. Esta acción se enmarca en la creciente controversia en torno al gobierno de Rocha, a quien el PAN califica como un "narco gobierno".
Detalles de la denuncia
La dirigencia nacional del PAN, encabezada por Marko Cortés, informó que se prepara una demanda formal ante la CPI, argumentando que Rocha Moya ha permitido y fomentado actividades del crimen organizado en el estado. Según el PAN, existen pruebas suficientes que vinculan al gobernador con grupos delictivos, lo que constituye una violación grave a los derechos humanos y al derecho internacional.
Reacciones del gobierno de Sinaloa
Hasta el momento, el gobierno de Sinaloa no ha emitido una declaración oficial al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas al gobernador han calificado la acusación como una maniobra política del PAN para desprestigiar su administración. Rocha Moya ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con el narcotráfico y ha señalado que su gobierno trabaja para combatir la inseguridad en la entidad.
Contexto de la controversia
Las acusaciones contra Rubén Rocha Moya no son nuevas. Desde que asumió el cargo en 2021, ha sido señalado por diversos sectores de la sociedad civil y políticos de oposición por su presunta cercanía con el Cártel de Sinaloa. La situación se ha agravado tras los recientes enfrentamientos entre grupos criminales en la entidad, que han dejado decenas de muertos.
Implicaciones legales
La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. El PAN argumenta que la complicidad de Rocha Moya con el narcotráfico constituye un crimen de lesa humanidad, ya que ha generado un clima de violencia y terror en Sinaloa. Sin embargo, expertos legales señalan que es poco probable que la CPI acepte el caso, ya que México no ha ratificado el Estatuto de Roma en su totalidad y la corte solo interviene cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren procesar los delitos.
Reacciones políticas
La decisión del PAN ha generado reacciones encontradas. Mientras que algunos partidos de oposición han respaldado la iniciativa, otros la consideran una estrategia electoral para desviar la atención de otros temas. El gobierno federal, por su parte, ha evitado pronunciarse directamente, aunque fuentes de la Secretaría de Gobernación indican que se dará seguimiento a la denuncia.
Próximos pasos
El PAN tiene previsto presentar la denuncia formal en las próximas semanas, una vez que se completen los expedientes con las pruebas recabadas. Se espera que la CPI evalúe la admisibilidad del caso, lo que podría tomar varios meses. Mientras tanto, la controversia en torno al gobernador de Sinaloa continúa escalando, con llamados de diversos sectores para que Rocha Moya se separe del cargo mientras se investigan las acusaciones.
