Gobernador de Michoacán impulsa venta masiva de inmuebles estatales
El mandatario michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, ha presentado una solicitud formal ante el Congreso local para desincorporar 38 inmuebles del patrimonio estatal, con el objetivo de vender 34 de ellos y donar los cuatro restantes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta iniciativa, que se espera sea aprobada por la mayoría morenista de la LXXVI Legislatura, representa un valor catastral total de 519.7 millones de pesos.
Propiedades distribuidas en 18 municipios
Los bienes inmuebles sujetos a esta desincorporación se encuentran distribuidos en 18 municipios diferentes del estado de Michoacán. Según el gobernador, los recursos obtenidos de estas ventas serán destinados íntegramente a inversión pública, aunque no se han especificado proyectos concretos.
Entre las propiedades más significativas que podrían cambiar de dueño se encuentran:
- El Centro Cultural "Felipe Carrillo Puerto" en Morelia, que actualmente opera en comodato con aproximadamente 50 organizaciones de la sociedad civil.
- Dos inmuebles en Morelia que ya habían sido propuestos para desincorporación durante la administración anterior de Silvano Aureoles.
- Propiedades ubicadas en la Ex Hacienda la Huerta y la colonia Lomas de Santiaguito.
Controversia legislativa y cambios de postura
La solicitud ha generado intensa controversia en el Poder Legislativo local. Diputadas de diferentes bancadas han cuestionado tanto el valor estimado de las propiedades - que consideran inferior al valor comercial real - como la premura con que se pretende aprobar la medida.
Resulta particularmente llamativo el cambio de postura de algunos legisladores de Morena. En 2021, cuando el entonces gobernador Silvano Aureoles solicitó desincorporar 10 inmuebles, Morena organizó un plantón frente al Palacio Legislativo para oponerse a lo que calificaban como "remate de bienes estatales". Entre los participantes de aquella movilización se encontraban actuales diputados locales que ahora apoyarían la iniciativa de Ramírez Bedolla.
El diputado Juan Pablo Celis Silva, por ejemplo, ha justificado su cambio de posición argumentando que estos inmuebles son "ociosos" y que la desincorporación actual responde a necesidades diferentes.
Procedimiento cuestionado y toma de tribuna
El proceso de dictaminación ha sido objeto de críticas por irregularidades procedimentales. La solicitud fue presentada al Pleno del Congreso el pasado 24 de febrero y fue turnada directamente a la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, omitiendo el análisis en la Comisión de Desarrollo Urbano a pesar de que la Ley Orgánica así lo establece.
Esta omisión provocó que cuatro diputadas, entre ellas Sandra Garibay Esquivel - presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y militante de Morena - tomaran la tribuna legislativa en señal de protesta.
La diputada Itzé Camacho Zapién (Morena) ha denunciado que algunos inmuebles ya estarían "apalabrados" para su venta a precios inferiores a su valor comercial. Por su parte, la panista Vanessa Caratachea Sánchez ha criticado la falta de transparencia y el análisis superficial del destino final de los recursos.
Contexto político y antecedentes
Esta iniciativa se enmarca en un contexto político complejo en Michoacán. Recientemente, el gobernador Ramírez Bedolla ha ordenado investigar presuntos desfalcos durante el último año del gobierno de Silvano Aureoles, mientras que el PAN ha acusado al mandatario morenista de "mapachismo" electoral en Aguascalientes.
La venta de inmuebles estatales representa una importante fuente de recursos para la administración actual, pero también plantea interrogantes sobre la consistencia ideológica de Morena y los mecanismos de control sobre el patrimonio público.
El destino final de estas propiedades y la aplicación de los recursos obtenidos serán aspectos cruciales para evaluar el impacto real de esta polémica medida de desincorporación patrimonial.
