Escándalo de corrupción sacude a la Marina: 34 oficiales en la mira
Un audio explosivo, previamente desconocido, ha irrumpido en el debate público, centrando la atención en los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, quien está siendo investigado por presuntamente liderar una red de corrupción en las aduanas marítimas de México. En la grabación, obtenida por los periodistas Sebastián Barragán y Omar Fierro de Aristegui Noticias, se escucha al contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunciar ante Ojeda una trama criminal de contrabando de combustible que involucraba a sus familiares, a lo que el exsecretario respondió solicitando una presentación por escrito.
Investigaciones y asesinato: un caso lleno de sombras
La Marina, según informes oficiales, no encontró irregularidades en sus pesquisas iniciales. Sin embargo, la Fiscalía General de la República mantiene abierta una causa penal basada en las denuncias de Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en noviembre de 2024, añadiendo un giro trágico al caso. El año pasado, antes de renunciar a la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero reveló que Ojeda le había comentado en 2023 sobre supuestos actos de corrupción en la Marina, aunque las investigaciones no arrojaron pistas sobre el contrabando de combustible, lo que permitió al exsecretario evitar un escrutinio más profundo.
La investigación contra los sobrinos políticos de Ojeda, el contralmirante Fernando Farías Laguna (prófugo) y el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (preso), sigue en curso, pero su alcance exacto se desconoce. No obstante, documentos internos de la Marina desvelan que la red de protección para los Farías Laguna se construyó desde que Manuel Roberto y su tía, Sandra Luz Laguna (esposa de Ojeda), maniobraron para que el almirante José Luis Arellano Ruiz fuera designado subsecretario, cargo que ocupó durante casi todo el sexenio.
Una red de complicidades que alcanzó altos mandos
Arellano Ruiz, según los documentos confidenciales, recibió la encomienda de establecer relaciones con políticos y empresarios, incluyendo intentos de acercamiento a la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum, para ofrecerle financiamiento a cambio de nombrar secretario de una terna propuesta. Aunque nunca lograron contactar a la Presidenta, el subsecretario validaba empresas presentadas por los Farías Laguna en obras marítimas y dragados.
La red no se limitó a Arellano Ruiz. En total, 34 oficiales trabajaron para los Farías Laguna, tejiendo una amplia telaraña de complicidades en aduanas clave como Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. Los informes no mencionan explícitamente el contrabando de combustible, pero sí incluyen a dos figuras centrales en la investigación del huachicol fiscal: el capitán de corbeta Miguel Solano, encargado de recolectar y distribuir fondos, y el capitán de fragata Climaco Aldape Utrera, responsable de trámites legales e ilegales para evitar contactos directos con el crimen organizado.
Vínculos con el narcotráfico y compensaciones millonarias
La conexión directa con el crimen organizado la mantenía el teniente de navío Octavio Sánchez Alatorre, comisionado en Guaymas, quien facilitaba el tráfico de drogas en puertos de Baja California, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, con especial énfasis en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sánchez Alatorre también organizaba fiestas y contrataba artistas para el entretenimiento de los cabecillas.
Otros oficiales, como el vicealmirante Miguel Rivas Hernández, movilizaban unidades especiales de la Marina para proteger grupos delictivos, mientras que Joaquín Cruz Ballado facilitaba el tráfico de drogas en Lázaro Cárdenas. Los Farías Laguna involucraron a altos mandos, incluyendo al almirante Raúl Pérez Vázquez y al vicealmirante Benito Armando Galeana Abarca, quienes protegían a administradores de aduanas y funcionarios de Hacienda.
La corrupción generaba ganancias astronómicas: los informes indican que la recaudación superaba los 50 millones de pesos semanales. Los oficiales recibían compensaciones mensuales, como ocho millones de pesos para el contralmirante Marco Antonio Bandala en Manzanillo y cinco millones para el contralmirante Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba en la aduana de la Ciudad de México.
Conclusión: una institución bajo tensión
La difusión del audio de Guerrero Alcántar y los documentos confidenciales revela una tensión interna profunda en la Marina. Aunque la institución en sí no está podrida, un número significativo de oficiales se vio envuelto en esta red de corrupción, poniendo en evidencia fallas sistémicas que requieren una investigación exhaustiva y transparente para restaurar la confianza pública.
