La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a un grupo de ejidatarios de Atenco, Estado de México, para que reciban un pago por la expropiación de sus tierras, realizada en 2001 para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Decisión de la Corte
La Segunda Sala de la SCJN determinó que los ejidatarios tienen derecho a una indemnización justa por la ocupación temporal de sus terrenos, que fueron utilizados para la construcción de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ahora parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El fallo revierte una decisión previa de un tribunal colegiado que había negado el pago.
Antecedentes del caso
En 2001, el gobierno federal expropió 5,100 hectáreas de tierras ejidales en Atenco para construir el nuevo aeropuerto. Sin embargo, el proyecto fue cancelado en 2002 debido a protestas de ejidatarios y grupos sociales. Posteriormente, parte de los terrenos fueron destinados a la Base Aérea de Santa Lucía, lo que generó un conflicto legal sobre la indemnización.
Los ejidatarios demandaron un pago por el uso de sus tierras durante más de 20 años, argumentando que la expropiación no se concretó y que el gobierno mantuvo la posesión sin compensación. La SCJN consideró que la ocupación temporal debe ser remunerada, pues afectó el derecho de propiedad de los campesinos.
Implicaciones del amparo
El amparo obliga a la Secretaría de la Función Pública y a otras dependencias a calcular y pagar la indemnización correspondiente. El monto exacto será determinado con base en avalúos y el tiempo de ocupación. La decisión sienta un precedente para otros casos de expropiaciones inconclusas en el país.
El gobierno federal ha señalado que acatará la resolución, aunque podría interponer recursos legales. Por su parte, los ejidatarios celebraron el fallo como una victoria en su lucha por la justicia agraria.
Contexto social y político
El caso de Atenco es emblemático en México por las protestas que generó la cancelación del aeropuerto y la represión policiaca en 2006. La SCJN, con este amparo, busca reparar el daño causado a los campesinos, aunque el proceso legal aún no concluye.
Organizaciones de derechos humanos han respaldado a los ejidatarios, señalando que la falta de pago vulnera sus garantías. El fallo podría alentar a otros grupos afectados por expropiaciones a exigir compensaciones.
