Senado consuma el fin de las pensiones doradas con recortes históricos
En una sesión histórica, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que pone fin a las llamadas pensiones doradas, reduciendo las percepciones de jubilados de élite hasta en un 80%. La medida, que no sufrió cambios respecto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, fue respaldada por los 116 legisladores presentes, marcando un hito en la política fiscal del país.
Límite basado en el salario presidencial
La reforma establece que ninguna pensión podrá superar el salario neto mensual de la Presidenta de la República, con excepciones específicas para militares, exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sistemas de ahorro para el retiro y esquemas pensionarios complementarios de sindicatos. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación, el salario bruto presidencial es de 191,846 pesos mensuales en 2026, equivalente a 2,302,152 pesos anuales, que tras descuentos e impuestos se reduce a aproximadamente 134,000 pesos netos al mes.
Impacto en jubilados de empresas estatales
De acuerdo con información revelada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, en una conferencia presidencial del 18 de febrero, existen 6,292 jubilados que reciben pensiones superiores al salario presidencial. La distribución de estos casos es la siguiente:
- 3,504 jubilados de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, incluyendo un caso que percibe un millón de pesos mensuales.
- 544 extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).
- 2,199 jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
- 9 personas de Nacional Financiera (Nafinsa).
- 19 jubilados del Banco Nacional de Obras (Banobras).
- 22 individuos del Banco de Comercio Exterior (Bancomext).
Estas pensiones, calificadas como de élite por los propios senadores, deberán ajustarse para igualar el límite establecido, según lo dispuesto en el régimen transitorio de la reforma.
Detalles del régimen transitorio y debate legislativo
El régimen transitorio de la reforma constitucional establece que, a partir de su entrada en vigor, todas las jubilaciones o pensiones no excluidas deberán ajustarse al límite del salario presidencial, incluyendo aquellas ya vigentes. Los entes públicos mencionados están obligados a revisar y adecuar contratos, disposiciones y condiciones generales de trabajo para cumplir con esta normativa.
Durante la sesión, legisladores de partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano propusieron modificaciones, como fijar el parámetro con base en Unidades de Medida y Actualización (UMAs) en lugar del salario presidencial, y evitar la retroactividad del régimen transitorio, argumentando que los jubilados ejercen un derecho adquirido. Sin embargo, Morena rechazó todas las reservas, manteniendo el texto original sin alteraciones.
Próximos pasos y envío a la Cámara de Diputados
Tras la aprobación en el Senado, la minuta de reforma constitucional ha sido enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y posible ratificación. Este paso final es crucial para que la medida entre en vigor, afectando directamente a miles de jubilados de empresas estatales y redefiniendo las políticas pensionarias en México.
La decisión unánime del Senado refleja un consenso político inusual en torno a la necesidad de ajustar las pensiones de élite, en un contexto de búsqueda de equidad y transparencia en el gasto público. Los efectos de esta reforma se espera que generen debates adicionales en la Cámara de Diputados y en la opinión pública nacional.
