La decisión de las autoridades hacendarias de bloquear las cuentas bancarias del senador morenista Enrique Inzunza ha colocado al Senado en una situación inédita. Por un lado, está obligado a entregarle su dieta mensual de 132 mil 900 pesos, pero el bloqueo impide realizar la transferencia. Además, la Ley de Instituciones de Crédito advierte sanciones para quienes mantengan operaciones con personas incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.
Marco legal en conflicto
El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece el listado de personas bloqueadas y ordena a los bancos suspender toda operación y servicio con los clientes que aparezcan en esa lista. El artículo 46 de la misma ley detalla que los bancos deben recibir depósitos bancarios de dinero como servicio principal, pero el artículo 115 sanciona cualquier violación con multas del 10% al 100% del monto involucrado.
Por otro lado, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) obliga al Senado a transferir la dieta al senador para que la institución pueda comprobar el pago del impuesto correspondiente. Este conflicto legal ha llevado a las autoridades administrativas del Senado a realizar un análisis jurídico para encontrar una solución que concilie ambas obligaciones.
Ley Antilavado y personas políticamente expuestas
Además, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, considera a los senadores como personas políticamente expuestas. Esto obliga a la Secretaría de Hacienda a mantener vigilancia sobre sus flujos de dinero. El artículo 51 Ter de dicha ley establece que la Secretaría debe elaborar y mantener actualizado un listado de cargos de servidores públicos considerados políticamente expuestos.
El Senado, como parte del Poder Legislativo, debe remitir a la Secretaría su listado específico de personas políticamente expuestas, incluyendo a los senadores. Esto añade una capa adicional de complejidad al caso de Inzunza, ya que cualquier movimiento financiero debe ser monitoreado.
Antecedentes del caso
Enrique Inzunza es investigado por Estados Unidos, lo que llevó al bloqueo de sus cuentas. Sin embargo, al no haber solicitado licencia, el Senado debe seguir pagándole su dieta. Las reglas de pago en el Senado se modificaron en este siglo debido a cambios en el control del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que ha generado este dilema legal.
Las autoridades del Senado están analizando las vías legales para cumplir con ambas normas, mientras el caso continúa generando debate sobre la corrupción y el manejo de recursos públicos.
