Las primeras 24 horas posteriores a las solicitudes de extradición que incluyen al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya fueron de análisis y de un primer reclamo desde el gobierno mexicano: las autoridades de justicia estadounidenses claramente se saltaron las trancas para hacer un caso mediático (“político”) y no solo judicial. De allí que una premisa a cuidar en adelante (sobre todo con el caso Chihuahua aún vivo) fue que el gobierno mexicano rechazaría cualquier intento de intervención extranjera. Las cartas de extrañamiento oficiales que se hicieron llegar a nuestro socio comercial están inscritas en ese contexto.
Segundo lineamiento: no impunidad
Pero un segundo lineamiento quedó establecido con firmeza la mañana de este jueves, previo a empezar un fin de semana de asueto largo. La presidenta Sheinbaum aprovechó la mañanera para remarcar lo que muchos estaban esperando. Con contundencia, expresó en un mensaje a la nación que “lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”. Con esta segunda premisa, se conjuró la hipótesis vertida desde la oposición de un aglutinamiento del morenismo para defender a mansalva a todos los señalados. Si hay pruebas, se dijo, se procederá conforme a lo que dicta la ley.
Patrón de conducta presidencial
Así, las premisas del actuar presidencial seguramente marcarán un patrón a seguir por los morenistas dentro y fuera del gobierno. En primera instancia, no permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente a México será la más recurrida, pero la no impunidad en casos donde haya pruebas ya quedó asentada. Este doble mensaje busca equilibrar la defensa de la soberanía nacional con el compromiso de combatir la corrupción y la impunidad, en un contexto de tensiones diplomáticas y judiciales con Estados Unidos.
