La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que existen fichas rojas de Interpol contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros acusados por presuntos actos de corrupción en la entidad. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que las órdenes de captura internacionales fueron emitidas como parte de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de recursos públicos.
Detalles de las fichas rojas
Las fichas rojas, que implican una solicitud de detención provisional para fines de extradición, fueron giradas contra Rocha Moya y varios exfuncionarios de su administración. Sheinbaum explicó que estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno federal para combatir la corrupción en todos los niveles. "No hay impunidad para nadie", afirmó la mandataria, quien subrayó que se respetará el debido proceso.
Reacciones políticas
La revelación ha generado fuertes reacciones en el ámbito político. El gobernador Rocha Moya, quien ha negado las acusaciones, aseguró que enfrentará el proceso legal con transparencia. Por su parte, líderes de la oposición han solicitado una investigación exhaustiva y han pedido la separación temporal del cargo del mandatario estatal. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, manifestó que el gobierno federal actuará con firmeza para garantizar que se haga justicia.
Antecedentes del caso
Las investigaciones se centran en un presunto esquema de desvío de fondos por más de 500 millones de pesos, que habría beneficiado a una red de funcionarios y empresarios. La FGR ha señalado que las pruebas recabadas son contundentes y que las fichas rojas son un paso necesario para evitar que los implicados evadan la acción de la justicia. El caso ha puesto en el centro del debate la lucha contra la corrupción en México, especialmente en estados donde se han denunciado prácticas similares.
Impacto en la administración estatal
La situación ha generado incertidumbre en el gobierno de Sinaloa, donde se han anunciado medidas para garantizar la continuidad de los servicios públicos. El Congreso local evalúa la posibilidad de designar un gobernador interino mientras se resuelve la situación legal de Rocha Moya. Mientras tanto, organizaciones civiles han exigido que se garantice la transparencia en el proceso y que no se utilice el caso con fines políticos.
