Michoacán pone fin a los abusos con tarifas reguladas en grúas y corralones
En un esfuerzo por combatir las prácticas abusivas en el sector del arrastre vehicular, la Fiscalía General de Michoacán ha anunciado la implementación de tarifas tabuladas para los servicios de grúas y corralones. Esta medida, presentada por el fiscal Carlos Torres Piña, busca establecer reglas claras y supervisión institucional para proteger a los ciudadanos de costos desproporcionados y garantizar un trato digno.
Cambios regulatorios para mayor transparencia
Durante una conferencia de prensa, Carlos Torres Piña detalló que estos cambios responden a la inconformidad social generada por los servicios de arrastre y depósito de vehículos. "Estas nuevas disposiciones cierran espacios a los abusos mediante reglas claras, supervisión institucional y el uso de tecnología", afirmó el fiscal. Los lineamientos técnicos obligatorios incluyen:
- Tarifas autorizadas y tabuladas para el uso de grúas y corralones.
- Un proceso de convocatoria pública para empresas prestadoras de estos servicios.
- Mecanismos permanentes de supervisión para asegurar condiciones equitativas.
El objetivo principal es reducir los costos excesivos y fortalecer la transparencia en un sector que ha sido criticado por falta de regulación.
Digitalización y trazabilidad de vehículos
Además de las tarifas reguladas, la fiscalía implementará una nueva plataforma digital que permitirá la trazabilidad total de los vehículos asegurados. Esta herramienta incluirá un registro fotográfico de los automóviles, así como un control de ingresos y egresos en depósitos y una cadena de custodia electrónica. "Fortaleciendo la certeza jurídica y la transparencia operativa", señaló Torres Piña, destacando que estas innovaciones tecnológicas buscan blindar servicios sensibles y colocar a las víctimas al centro de la atención institucional.
Con estas medidas, Michoacán da un paso significativo hacia la modernización de sus procesos legales y la protección de los derechos de los ciudadanos, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción y los abusos en servicios públicos.
