El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer exmandatario del país en ser imputado formalmente, en el marco de un caso de tráfico de influencias vinculado a la aerolínea Plus Ultra. La imputación, anunciada este martes, podría acarrearle una condena de hasta ocho años de prisión. Según la investigación, habría aceptado presuntamente un soborno de dos millones de euros para influir en la aprobación de un rescate público de 53 millones de euros destinado a la aerolínea.
Detalles de la imputación
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, señala en el auto de imputación la existencia de una “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él (Zapatero)”, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra. El caso, que había sido archivado previamente, fue reabierto en 2024 tras descubrirse que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear fondos provenientes de operaciones corruptas relacionadas con altos funcionarios de Venezuela.
Las acusaciones específicas
Zapatero ha sido imputado por tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El juez cuantifica los beneficios obtenidos en 1,9 millones de euros, distribuidos entre varias empresas. Por ejemplo, la empresa Análisis Relevante, propiedad de un amigo de Zapatero, habría transferido 490.780 euros al exmandatario y 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas. Asimismo, el think tank Gate Center habría enviado 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que las sociedades del grupo Thinking Heads habrían remitido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.
El juez también aprecia indicios de un posible delito de blanqueo de capitales, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia. La trama, según el auto, estaba “estructuralmente organizada” y liderada por Zapatero, quien habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables.
La defensa de Zapatero
Ante la gravedad del caso, Zapatero emitió un vídeo en el que aseguró que “jamás” realizó gestiones ante ninguna administración pública o sector público en relación con el rescate de Plus Ultra. “Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, garantizó. El político español expresó su disposición a colaborar con la justicia, pero reiteró que nunca ha tenido sociedades mercantiles, ni en España ni en el extranjero, ni directa ni indirectamente.
Reacciones políticas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió en defensa de Zapatero, calificando el momento como “duro” para el Partido Socialista. En un mensaje a la Ejecutiva del PSOE, Sánchez instó a los socialistas a reafirmarse en su tarea de luchar por el país y a defender el “buen nombre” de Zapatero. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, confió en que se haga justicia y recordó que la investigación comenzó con una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias.
Por su parte, el Partido Popular calificó la imputación de “extrema gravedad” y exigió la comparecencia urgente de Sánchez para dar explicaciones. Este caso se suma a otras investigaciones por corrupción que involucran a exmiembros del gabinete de Sánchez y personas cercanas, lo que podría acelerar la convocatoria de elecciones anticipadas.
