La semana pasada, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, junto con el senador Javier Corral y otros legisladores, presentó una iniciativa para modificar al menos 10 artículos de la reforma judicial. El punto central es aplazar la fecha de la elección judicial para que no coincida con los comicios de 2027, que incluyen la renovación de 17 gubernaturas, ayuntamientos y la Cámara de Diputados.
Propuesta de cambio de fechas
La iniciativa busca evitar el empalme de la elección judicial con las elecciones políticas de 2027, argumentando que ambas son procesos distintos y no deben mezclarse. Ramírez Cuéllar señaló que la elección judicial debe ser independiente para evitar la politización de la justicia. Además, se propone eliminar requisitos documentales subjetivos y reemplazarlos por exámenes de conocimientos para los aspirantes.
La iniciativa sorprendió al Congreso debido a la cercanía del cierre del periodo ordinario, el 30 de abril. Incluso Ignacio Mier, presidente de la Jucopo del Senado, afirmó que no habría un periodo extraordinario para discutirla. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de analizarla, mencionando que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se ha reunido con el INE para tratar el tema.
Apoyo de los promotores
En entrevista con Proceso, Javier Corral y Alfonso Ramírez Cuéllar expresaron su confianza en que la iniciativa se discuta en un periodo extraordinario antes del 1 de septiembre, cumpliendo los plazos legales para cambios electorales. Corral insistió en que reformar la reforma judicial no es renunciar a ella, sino consolidarla. "¿Sería deseable que la elección judicial se fuera hasta 2028? Para no exacerbar la politización en términos partidistas, claro", afirmó.
Ramírez Cuéllar coincidió en la complejidad de empalmar ambas elecciones y señaló que aún se analizan los costos. "Todos vemos las dificultades de mezclar una elección política con una judicial", dijo.
Postura del INE
La consejera del INE, Rita Bell, negó que realizar ambas elecciones juntas genere ahorros significativos. Estimó que el costo sería de 15 mil millones de pesos, ya que se duplicarían actividades y recursos necesarios para la seguridad y certeza de cada votación.
Reformar la reforma judicial
Javier Corral explicó que la reforma judicial no es un fracaso, sino que requiere ajustes. "Las reformas no nacen consolidadas; se van desarrollando y detectando fallas", puntualizó. Ramírez Cuéllar señaló errores como la gran cantidad de candidatos y la falta de claridad en las campañas.
También lamentó que no se aprobara en la reforma electoral el 'Plan B' para la revocación de mandato y la elección judicial en 2028, que consideraba más adecuado.
Señal de Sheinbaum
Javier Corral indicó que los legisladores oficialistas necesitan una voluntad más explícita de la presidenta Sheinbaum para apoyar la iniciativa. Ignacio Mier actuó correctamente al señalar que no hay consenso pleno en el grupo parlamentario. Ramírez Cuéllar busca consenso y destacó que el PT ve con buenos ojos la propuesta.
Retos para la ciudadanía
Daniela Arias Sánchez, de Laboratorio Electoral, señaló tres retos si se empalman las elecciones: la cantidad de boletas (entre cuatro y seis, hasta nueve), la dificultad de conocer a los candidatos, y la posible necesidad de votar en diferentes casillas. La última elección judicial tuvo solo un 13% de participación debido a falta de información y legitimidad.
Cambios propuestos
- Aplazar la fecha de elección de jueces.
- Examen de conocimientos para aspirantes.
- Certificación por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
- Crear un Comité Único de Evaluación.
- Reducir candidatos en la boleta.
- Reglas claras sobre propaganda.
- Nueva composición del Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración de Justicia.
- Requisitos de antigüedad y experiencia para integrantes.
- Facultar al Senado para aprobar renuncias y licencias.
- Obligatoriedad de sentencias de la Corte mediante tesis.
