Punta Cana, República Dominicana.- El acoso judicial se consolidó como uno de los principales mecanismos de censura en México, según el más reciente informe sobre libertad de expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presentado durante su 81 Asamblea General. Gobernadores, legisladores y funcionarios utilizaron figuras como “violencia política de género” y demandas por daño moral para inhibir la crítica, afectando a periodistas consolidados y ciudadanos activos en redes.
El informe detalla que la “libertad de prensa enfrentó un panorama complejo en este período, en especial por el uso de instrumentos judiciales y regulatorios para limitar la crítica”. Casos en los estados de Campeche y Sonora fueron los más notorios, pero también hubo sanciones en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Entre los casos destacados, se menciona la demanda de la actual titular del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, contra EL UNIVERSAL y su columnista Héctor de Mauleón.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores denunció a Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, por incitación al odio y violencia de género. Un juez ordenó el cierre del medio por dos años y prohibió a González Valdez ejercer el periodismo, además de asignarle un censor. También demandó a los reporteros Abraham y Carlos Martínez. En otro caso, la ciudadana Karla María Estrella fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras un comentario en X sobre nepotismo, con multa, disculpa pública obligatoria y registro en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género hasta 2027.
En Tamaulipas, la exconsejera jurídica Tania Contreras López demandó por calumnia y violencia política de género al columnista Héctor de Mauleón y a El Universal por una columna sobre corrupción. Aunque el Instituto Electoral concluyó que no existía violencia política de género, mantuvo la orden de retirar la columna y sancionó al diario con multa y disculpa pública. En Coahuila, el diario Vanguardia de Saltillo enfrentó un litigio mercantil que derivó en embargo de bienes, con denuncias de rapidez extraordinaria y posibles conflictos de interés. En Puebla, el gobierno aprobó una reforma al Código Penal que podría afectar la libertad de expresión.
Sobre la actitud del gobierno federal, el informe señala que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una relación ambivalente: radicalizó su discurso contra la prensa ante información de corrupción, pero rechazó la censura al pedir al Senado frenar un artículo de la nueva Ley de Telecomunicaciones que facultaba al gobierno a bloquear plataformas digitales.
