La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se deslindó este jueves de la entrega de permisos para casinos que se realizó durante la administración de su antecesora, Olga Sánchez Cordero, y que han sido objeto de controversia por presuntas irregularidades.
Declaraciones de la funcionaria
En conferencia de prensa matutina, Alcalde afirmó que no participó en la autorización de dichos permisos y que desconoce los detalles de los mismos. "Yo no estuve en ese proceso, no tengo información al respecto. Es un tema que corresponde a la administración pasada", señaló.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que, al asumir el cargo, se encontró con una serie de expedientes ya resueltos y que su labor se ha centrado en dar seguimiento a los asuntos actuales.
Antecedentes de la controversia
Los permisos para la operación de casinos han sido cuestionados por organizaciones civiles y legisladores, quienes señalan que durante la gestión de Sánchez Cordero se otorgaron concesiones de manera opaca y sin los debidos estudios de impacto social.
El empresario José Bermúdez, vinculado al sector de juegos y sorteos, ha sido señalado como uno de los principales beneficiarios de estas autorizaciones, lo que ha generado críticas hacia la administración anterior.
Postura de la Segob
Alcalde reiteró que su administración se apega a la legalidad y a la transparencia en todos los trámites. "Estamos revisando los procedimientos para garantizar que no haya lugar a dudas. Cualquier irregularidad será turnada a las instancias correspondientes", afirmó.
La funcionaria evitó emitir un juicio sobre el desempeño de Sánchez Cordero, pero dejó claro que las decisiones tomadas en el pasado no son responsabilidad de su equipo.
Reacciones políticas
Diputados de oposición han solicitado una investigación a fondo sobre la entrega de los permisos, mientras que morenistas han defendido la gestión de Sánchez Cordero, argumentando que se actuó conforme a derecho.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado directamente sobre el tema, pero ha instruido a la Secretaría de la Función Pública a revisar los casos señalados.
La controversia continúa en el ámbito político, mientras la Segob busca deslindar responsabilidades y enfocarse en los retos actuales de seguridad y gobernabilidad.
