Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, afirmó que la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no tendrá dispensas ni procesos abreviados. La Comisión de Puntos Constitucionales contará con el plazo legal de cinco días para deliberar y emitir el dictamen correspondiente.
Durante la conferencia “Legislativa del Pueblo”, Monreal explicó que la comisión tiene hasta el martes para aprobar el paquete de reformas al Poder Judicial, así como modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y cambios constitucionales para incorporar nuevas causales de nulidad electoral por intervención extranjera. El martes se realizará la sesión de la comisión y posteriormente una sesión del Congreso General a las 16:00 horas, seguida de un periodo extraordinario.
La intención es concluir la discusión en la Cámara de Diputados el miércoles, remitir la minuta al Senado y terminar el proceso legislativo el viernes. Posteriormente, la reforma sería enviada a los congresos estatales, y si se cumplen los tiempos, el lunes se declararía la constitucionalidad y el martes sería promulgada.
Las modificaciones al Poder Judicial contemplan reordenar el calendario electoral para aplazar a 2028 la segunda elección judicial y hacerla concurrente con las elecciones federales ordinarias y la revocación de mandato. La elección judicial se celebraría el primer domingo de junio de 2028, y la segunda ronda de renovación de magistrados y jueces federales se movería de 2027 a 2028.
La iniciativa también homologa los procesos de elección judicial en las entidades federativas, define que los cargos no renovados en 2025 y vacantes pendientes se definan en 2028, y concede a las legislaturas estatales 60 días para adecuaciones. Los juzgadores cuyo encargo concluya en 2027 permanecerán hasta la toma de protesta de los electos el 1 de septiembre de 2028.
Monreal detalló que la reforma incluye medidas para reducir candidaturas, simplificar el voto, garantizar paridad de género y reorganizar territorialmente los circuitos judiciales. Además, se propone crear una comisión de verificación de integridad de candidaturas adscrita al INE, con acceso a información de inteligencia y fiscalización para detectar vínculos con grupos delictivos. También se incorpora una nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera.
