Desde que surgió la noticia de la solicitud de extradición de los diez de Sinaloa por parte de Estados Unidos, el gobierno mexicano ha evidenciado múltiples carencias. El balance preliminar muestra una presidenta sin control de la crisis.
Falta de control narrativo
Claudia Sheinbaum no controla la narrativa. El gobernador con licencia Rubén Rocha ha sido vocal sobre su presunta inocencia, incluso usando el nombre de la presidenta para justificar su tranquilidad. Dijo que habían hablado y que ella le dio motivos para sentirse tranquilo.
Senador desafiante
El senador Enrique Inzunza se mantiene renuente a solicitar licencia y argumenta su inocencia de manera desafiante. La presidencia no controla lo que dicen o hacen los señalados, que pertenecen a su movimiento y no han sido desautorizados por Sheinbaum.
Control político de Sinaloa
El control político de Sinaloa tampoco está en manos de la presidenta. La gobernadora sustituta carece de trayectoria y peso político, subordinada a Rocha e Inzunza. Resulta desconcertante que Sheinbaum no haya impuesto un perfil con autonomía y capacidad.
Licencia sin efectos
La licencia temporal de Rocha no despresurizó el ambiente ni marcó un nuevo inicio. Sinaloa queda en un limbo político. La pregunta es si a Sheinbaum le alcanza para poner un equipo eficiente y limpio a un año de las elecciones.
Inseguridad creciente
La presidenta no controla la seguridad en Sinaloa. A pesar del despliegue militar, los homicidios aumentan. La semana pasada hubo 44 muertes violentas, 38% más que la anterior. En solo tres días de mayo se registraron 19 homicidios. Un casino fue incendiado, causando la muerte de una mujer.
Vicefiscal aún en su cargo
Dámaso Castro, uno de los diez reclamados por Nueva York, sigue como vicefiscal del Estado. Sheinbaum no ha mostrado una estrategia jurídica clara para investigar y juzgar en México a los implicados, lo que debilita su posición frente a Trump.
