La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el respaldo de las legislaturas estatales, declaró la validez de dos reformas constitucionales: una que permite anular elecciones por injerencia extranjera y otra que modifica nuevamente al Poder Judicial. La oposición dio la espalda al pleno durante la declaratoria.
Reforma contra injerencia extranjera
La reforma constitucional en materia de anulación de triunfos electorales por injerencia extranjera fue declarada válida. Establece que se podrán anular elecciones cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”. Un total de 24 congresos estatales dieron su aval. La reforma fija el plazo máximo del viernes 5 de junio para que las entidades la incluyan en sus constituciones locales, antes de la veda de reformas electorales previa al próximo año electoral.
Los congresos estatales que aprobaron esta reforma fueron: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Sin embargo, la reforma carecerá de reglas hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados comenzará a discutirla.
Reforma al Poder Judicial
Con el voto aprobatorio de 25 congresos estatales, se declaró válida la reforma constitucional del Poder Judicial. Esta determina que la segunda parte de la elección de juzgadores federales y estatales se realizará en 2028. Además, recupera las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ahora se denominarán “secciones”. Los congresos que la avalaron son los mismos que los de la reforma anterior, más Durango.
Reelección de magistrados
La reforma permite que los magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Reyes Rodríguez, puedan reelegirse por otros cinco años, acumulando hasta 18 años en el cargo. Asimismo, ordena la elección judicial en junio de 2028, mantiene la tómbola como mecanismo de depuración de listados para candidatos de los tres poderes y crea una Comisión Coordinadora de los Comités de selección de candidatos.
La Comisión Coordinadora será responsable de verificar el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales, establecer criterios homologados de evaluación y selección, y emitir acuerdos para regular los trabajos de los tres Comités. Cada Comité seleccionará a las personas mejor evaluadas, con conocimientos técnicos, honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio jurídico.
