El presidente municipal de la capital de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, enfrenta una investigación tras revelarse que comprometió 104 millones 573 mil 612 pesos del erario público en dos licitaciones que presentan graves inconsistencias, según documentos en poder de este medio.
Contratos millonarios bajo sospecha
Se trata de dos contratos para el arrendamiento y mantenimiento de la flotilla vehicular municipal, los cuales fueron adjudicados de manera cuestionable a una sola empresa participante en cada caso, sin que existiera una competencia real ni se buscaran las mejores condiciones económicas para el municipio.
El primer contrato, identificado como PMZ/STYF/ARR/020/2025, asignó 70 millones 699 mil 466 pesos para rentar 70 vehículos administrativos y de servicios. El segundo, PMZ/STYF/PS/027/2025, destinó 33 millones 874 mil 146 pesos únicamente al mantenimiento de 62 unidades.
Costos superan el promedio del mercado
De acuerdo con costos promedio del mercado nacional y local, el arrendamiento anual de una flotilla de 70 vehículos ronda los 200 mil pesos por unidad, lo que representaría aproximadamente 14 millones de pesos al año. Sin embargo, el monto aprobado supera ampliamente esa cifra. El presupuesto para mantenimiento también resulta considerablemente superior a lo habitual para ese número de unidades.
Empresas vinculadas y falta de competencia
Ambos contratos forman parte de una misma estrategia y fueron otorgados a empresas del mismo entorno. Jet Van Car Rental SA de CV obtuvo el arrendamiento a través de la Licitación Pública Nacional LPN/PMZ/DA-M1-2025, mientras que Automóviles COC de Zacatecas SA de CV se adjudicó el mantenimiento integral vía la licitación LPN/PMZ/DA-M2-2025. Estas empresas también prestan servicios al gobierno estatal. En ambos procesos solo se presentó un postor, lo que ha generado sospechas de simulación y conflicto de intereses.
Vigencia hasta 2027
Los contratos tienen vigencia hasta 2027, cubriendo prácticamente todo el periodo de la actual administración. El de mantenimiento, por ejemplo, inicia el 1 de mayo de 2025 y concluye el 31 de julio de 2027. La falta de competencia eliminó cualquier posibilidad de comparar precios o evaluar mejores alternativas, lo que configura un posible daño al patrimonio municipal, según expertos consultados.
Prioridades presupuestales cuestionadas
Mientras la capital enfrenta rezagos importantes en infraestructura, deficiencias en servicios públicos y problemas de seguridad, la asignación de más de 104 millones de pesos a este esquema de renta vehicular ha puesto bajo escrutinio las prioridades presupuestales del gobierno de Miguel Varela. Al simular las licitaciones públicas nacionales y limitar la concurrencia de más proveedores, la administración anuló la oportunidad de comparar precios, evaluar alternativas de mercado y exigir mejores condiciones técnicas. La magnitud de los recursos invertidos convierte a esta cuestionada política en la apuesta financiera central del actual gobierno municipal.
