José Manuel Hermosillo Vallarta, abogado del despacho Artículo 27, informó a Excélsior que en el caso del saqueo y destrucción del sitio arqueológico Los Tlalteles, en Chalco, Estado de México, “se verá la posibilidad de tramitar sanciones administrativas, penales y en materia de amparo, contra quien resulte responsable”.
Hermosillo Vallarta inició la defensa legal del enclave arqueológico tras conocerse que el sitio agoniza ante el saqueo y la construcción no regulada de vivienda, como informó Excélsior el pasado 13 de abril. El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH condenó el saqueo y la destrucción de vestigios en el sitio.
Visita a la zona afectada
En días pasados, el abogado visitó la zona para inspeccionar el impacto, calificando la devastación como “deplorable” y “muy triste”. Afirmó que el caso “constituye un ejemplo de cómo los procesos de expansión urbana y transformación territorial pueden generar riesgos acumulativos y daños irreversibles”.
Hermosillo Vallarta destacó que existe un dictamen arqueológico del INAH, por lo que las autoridades culturales saben qué tipo de sitio es, aunque “el tema es que no se ha actuado”. Identificó las siguientes afectaciones: destrucción material del contexto arqueológico, alteración física del sitio, saqueo y extracción indebida, ocupación y lotificación territorial, avance de infraestructura y maquinaria, y presión urbana sobre un espacio con valor arqueológico.
Inacción del INAH
En mayo pasado, el SNPICD del INAH emitió un comunicado condenando el saqueo y la destrucción en Los Tlalteles. El gremio contactó al abogado Hermosillo Vallarta ante la inacción del área jurídica del INAH. La arqueóloga Janis Rojas Gaytán reveló: “Los abogados del jurídico del INAH son los que no han querido actuar, no han hecho nada por defender el patrimonio y ya lo intentamos por varias vías: en reuniones con jefes e incluso con Diego Prieto. Han dicho que no se puede hacer nada y hay que esperar la resolución del juez. Entonces, por parte del sindicato se decidió contratar a un abogado externo”.
Desde 2020, ejidatarios han interpuesto amparos contra el INAH bajo el argumento de invasión de tierras ejidales. Uno de estos procesos está estancado en el Juzgado Noveno de Distrito del Estado de México, en Nezahualcóyotl.
Estrategia jurídica
Actualmente, Hermosillo Vallarta revisa con el sindicato las acciones previas y su eficacia. Indicó que hay zonas del sitio prácticamente ocupadas por vivienda, y otras con escombros y basura, lo que dificulta un estudio técnico para determinar los alcances de la recuperación.
El primer paso será construir un expediente técnico integral que documente la evolución del daño, la cronología, los actores involucrados, las omisiones institucionales, la pérdida patrimonial, el impacto científico, la pérdida contextual y el riesgo de desaparición definitiva. Con ese expediente, “se podría acudir a la Fiscalía a denunciar, meter los amparos para conseguir que las obras se detengan y que se cumpla la Ley de Patrimonio y la de Bienes Nacionales para conseguir fincar una responsabilidad administrativa”, explicó. Se buscaría fincar responsabilidad a las autoridades estatales, locales, del INAH y quienes resultaran responsables.
Consultado sobre si ha dialogado con el área jurídica del INAH, Hermosillo Vallarta respondió: “Como abogado, no. Sí creo conveniente sentarnos, yo proponer una estrategia jurídica y me gustaría que la respaldara el INAH”.
INAH confirma falta de rescate
Excélsior solicitó al INAH, vía Transparencia, detallar si realizó algún estudio en el sitio. La dependencia confirmó: “Entre los años de 2000 a 2025, la Dirección de Salvamento Arqueológico no ha realizado ningún proyecto de investigación arqueológica bajo su cargo, sea de salvamento o rescate, en el sitio arqueológico denominado como Los Tlalteles”.
El único estudio técnico realizado correspondió al levantamiento fotogramétrico y topográfico efectuado por la arqueóloga Janis Rojas Gaytán, perito designada por el INAH para emitir un dictamen técnico en el juicio de amparo número 880/2022-II-B, canalizado al Juzgado Noveno de Distrito en el Edomex.
También se preguntó al INAH si emitió instrucción de clausura en el sitio, pero la dependencia clasificó la información como reservada por cinco años al existir “procedimientos administrativos actualmente en trámite”.
