La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, desató una fuerte polémica al proponer el cobro de impuestos a las herencias en México. La idea, que surgió durante la discusión de un caso sobre el tratamiento fiscal de los recursos de las Afores de trabajadores fallecidos, fue rechazada de plano por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la mayoría de las fuerzas políticas.
El origen de la controversia
El pasado 2 de julio, la SCJN discutió una contradicción de criterios sobre el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los recursos de las Afores que reciben los beneficiarios de un trabajador fallecido. La ministra ponente, Sara Irene Herrerías, propuso que esos recursos sí pagaran ISR, pero su proyecto fue rechazado por seis votos contra tres. A favor votaron Herrerías, Batres y María Estela Ríos.
Fue en ese contexto que Lenia Batres declaró: "Lo injusto es que no se graven las herencias y el legado. Una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo y, en sentido estricto, reproduce desigualdades sociales". La frase encendió el debate político y mediático.
La defensa de Batres y los datos que la contradicen
Lejos de recular, Batres profundizó su postura en una videocolumna. Argumentó que el único método que tiene el mundo para redistribuir la riqueza es el pago de impuestos, recordó que las herencias tributaron en México desde una ley de 1926 hasta su derogación en 1961, y que 24 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen gravámenes de este tipo. Sin embargo, la propia ministra citó una cifra que debilita su argumento: en esos países, el impuesto representa apenas alrededor del 0.5% de la recaudación fiscal. Medio punto porcentual a cambio de fiscalizar el duelo de las familias mexicanas.
Rechazo unánime de la oposición
Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar. La senadora Lilly Téllez acusó que la propuesta venía de Palacio Nacional y que la presidenta Sheinbaum habría pedido a Batres "sondear el nivel de rechazo" a la iniciativa. El diputado del PAN, José Manuel Hinojosa, calificó la propuesta de "robo y doble tributación", recordando que ese patrimonio ya pagó ISR, IVA y predial. Por su parte, Diego Garrido resumió el sentir de muchos: "Trabajas toda una vida para construir un patrimonio y ahora Morena quiere que tu familia vuelva a pagar por él".
La presidenta Sheinbaum cierra la puerta
Pero lo más significativo ocurrió dentro del propio oficialismo. Mientras la diputada morenista Paty Armendáriz salió a defender el gravamen como herramienta contra la concentración de fortunas familiares, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo exactamente lo contrario. En la conferencia matutina del jueves, Sheinbaum fue tajante: "No, no estoy de acuerdo yo con eso". Ante la pregunta de si abriría la discusión legislativa que Batres sugirió, respondió: "No abriría ese debate. Es opinión de la ministra y tiene derecho de tener su opinión". Reconoció que gravar herencias "no es algo extraño" en el mundo, "pero no es un planteamiento que nosotros haríamos".
Un impuesto fuera de contexto
El problema no es teórico. En abstracto, el impuesto sucesorio es materia legítima de debate fiscal; existe en economías serias y tiene defensores respetables. El problema es de contexto, de origen y de tino. Una ministra de la Corte —cuya función es interpretar la ley, no diseñar política tributaria— usó su tribuna para promover un gravamen que nació de la discusión sobre las Afores de trabajadores fallecidos, en un país donde apenas una minoría cotiza formalmente, donde la informalidad es refugio de más de la mitad de la fuerza laboral, y donde la desconfianza en el destino del gasto público es endémica.
La SCJN returnó el asunto para fijar el criterio contrario al que Batres defendió. La presidenta cerró la puerta. La oposición encontró una bandera gratis. Y la "ministra del pueblo" quedó, otra vez, sola con su ocurrencia: convencida de que la justicia social empieza por cobrarle a los muertos lo que en vida ya pagaron.
