En un hecho histórico para la política española, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió este miércoles en el primer exjefe de gobierno en declarar ante un juez en el país. Zapatero compareció ante el magistrado José Luis Calama, quien lo imputa por un presunto delito de tráfico de influencias en el marco del caso Plus Ultra.
Llegada al tribunal
El expresidente, que gobernó España entre 2004 y 2011, arribó al tribunal de Madrid en un automóvil negro. Con una sonrisa, saludó a los periodistas presentes y entró sin hacer declaraciones, según constataron reporteros de la AFP.
Zapatero estaba citado para dar explicaciones al juez José Luis Calama, quien lo acusa de ser el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para cobrar sobornos.
El caso Plus Ultra
La investigación contra Zapatero se inscribe en el llamado caso Plus Ultra, que examina si el antiguo dirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de covid-19.
Este caso afecta a una figura muy respetada de la izquierda en España y representa un nuevo expediente embarazoso para la Administración del socialista Pedro Sánchez, varios de cuyos allegados se hallan enredados en causas judiciales.
Reacción del Gobierno
Preguntado este miércoles por la derecha en el Congreso por los escándalos de corrupción, Sánchez no contestó y se limitó a defender la gestión de su Gobierno para que en 2027, cuando deban realizarse las elecciones generales, España sea "un mejor país" que cuando asumió el poder en 2018.
El jefe del Gobierno, cuya mujer, su hermano y su antigua mano derecha en política también están implicados en casos judiciales distintos, mostró su apoyo a su predecesor de izquierda.
Joyas y relojes de lujo
Entre los aspectos más destacados de esta investigación está el hallazgo, durante un registro, de numerosas joyas y relojes de lujo en una caja fuerte de su despacho, que su entorno atribuyó a herencias familiares. Sin embargo, la justicia lo acusa ahora de no haber podido "justificar" el origen de esos bienes —cuyo valor han estimado los expertos en 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares)— y lo imputó a finales de la semana pasada por fraude fiscal y presunto contrabando.
Presión sobre Pedro Sánchez
El caso sacude al Ejecutivo de Sánchez, y la oposición insiste en pedir elecciones anticipadas, algo que el presidente del Gobierno rechaza asegurando que la legislatura culminará en 2027.
Bajo presión desde hace meses por estos múltiples frentes judiciales, sin mayoría en el Parlamento y con una popularidad en horas bajas, Sánchez —autor de una autobiografía titulada "Manual de resistencia" y dotado de un instinto político indiscutible— busca transmitir la sensación de que puede mantenerse en el poder.
Próximos acontecimientos podrían hacérselo más difícil. La esposa del líder, Begoña Gómez, sabrá en los próximos días si va a juicio por corrupción y tráfico de influencias y se conocerá el veredicto sobre una figura clave en el ascenso al poder de Sánchez, su exministro de Transportes José Luis Ábalos, juzgado en abril también por corrupción.
En su única intervención pública desde que estalló el caso, Zapatero proclamó su inocencia, al asegurar que "siempre" actuó "con absoluto respeto a la legalidad".
