La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, emitió una declaración pública respecto a la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. En su pronunciamiento, la legisladora expresó el deseo de que este hecho judicial no se convierta en un "distractor" ni en un asunto manipulable políticamente, sino que se enfoque exclusivamente en brindar respuestas concretas a las familias de las víctimas.
Exigencia de justicia y verdad
López Rabadán señaló que, más allá de la aprehensión del exmandatario guerrerense, existe una demanda social persistente. A casi 12 años de los hechos ocurridos durante la llamada "noche negra de Ayotzinapa", la sociedad mexicana continúa exigiendo justicia, verdad y garantías de no repetición. La diputada calificó la desaparición de los 43 normalistas como una "herida abierta" en la historia del país que requiere atención inmediata y efectiva.
«Es una herida que hoy continúa abierta y ojalá (la detención del exgobernador guerrerense) no sea evidentemente un tema político o un distractor, sino más bien justicia para las familias», afirmó la titular de la Mesa Directiva. Su intervención busca dirigir la narrativa hacia la resolución legal del caso, priorizando los derechos de los padres de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Evidencia presentada por la FGR
La declaración de la legisladora ocurre en medio de la confirmación oficial realizada por la Fiscalía General de la República (FGR). La titular de este organismo, Ernestina Godoy, declaró que cuentan con "plena evidencia" sobre la participación de Ángel Aguirre Rivero en la obstrucción de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los estudiantes.
Dentro de los elementos probatorios destacados por la fiscal general se encuentran los testimonios de dos testigos protegidos. Según lo expuesto por Godoy, estas fuentes indican que fue el propio exgobernador quien ordenó la destrucción de cualquier material relacionado con los sucesos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Esta información constituye el eje central de la imputación contra el exmandatario estatal.
Consecuencias jurídicas pendientes
Frente a estos avances, Kenia López remarcó que tanto los familiares de los desaparecidos como el estado de Guerrero y el resto de México tienen el derecho fundamental a conocer la verdad completa sobre lo sucedido. La presidenta de la Cámara de Diputados enfatizó que el proceso debe llevarse a cabo bajo estrictos parámetros legales para asegurar que la responsabilidad tenga consecuencias jurídicas definidas.
«Primero, saber lo que pasó, saber en dónde están y pues que quien haya sido responsable tenga una consecuencia jurídica por ello», concluyó López Rabadán. Este planteamiento establece que el cierre del ciclo de impunidad depende de la transparencia en la investigación y de la aplicación efectiva de la ley sobre todos los implicados en la tragedia de 2014.
