Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) radicados en el Congreso de la Ciudad de México han formulado una solicitud formal dirigida a la Secretaría de Movilidad (Semovi). El objetivo principal es que la dependencia informe detalladamente las razones por las cuales mobiliario urbano, específicamente bolardos identificados con los logotipos del gobierno capitalino, se encuentran instalados en territorio yucateco. Esta exigencia surge tras revelaciones periodísticas que indican la presencia de estos elementos en la zona metropolitana de Mérida.
Alegaciones de irregularidades penales
La diputada Laura Álvarez Soto, quien intervino en el pronunciamiento, enfatizó la necesidad de descartar cualquier tipo de irregularidad administrativa o legal. En su declaración, señaló que la conducta observada podría constituir faltas graves tipificadas en el artículo 267 del Código Penal local de la Ciudad de México. Estas infracciones incluyen el desvío de recursos públicos y el uso ilegal de atribuciones y facultades propias del cargo.
El marco legal invocado establece sanciones severas para quienes incurran en estas conductas. Las penas estipuladas oscilan entre cinco y veinte años de prisión, además de multas equivalentes a dos mil o cinco mil días de multa. Asimismo, la ley contempla la destitución inmediata del empleo o cargo público y la inhabilitación subsiguiente para desempeñar funciones en el servicio público.
Origen del mobiliario y contexto vial
La controversia se originó después de que el diario Excélsior publicara, el domingo previo al 6 de agosto de 2026, fotografías que mostraban bolardos diseñados para el confinamiento vehicular. Estos elementos, marcados con los emblemas de la red de Movilidad Integrada (MI) y del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), ambos organismos dependientes del gobierno de la Ciudad de México, estaban instalados en carriles confinados de la Avenida Internacional en Mérida.
Los bolardos en cuestión son idénticos a los utilizados en vialidades capitalinas, como los ejes 2 y 2A Sur, donde circulan los trolebuses del STE. Dichas instalaciones forman parte fundamental de la ruta de la Línea 2 del sistema de transporte eléctrico, que conecta las colonias Chapultepec y Pantitlán. En contraste, en la zona metropolitana de Mérida, estos mismos objetos se ubican en tramos de la Avenida Internacional, conocida localmente como Avenida Industrial. Esta vía es transitada por la Ruta R906 IE-TRAM La Plancha - Centro – Umán, operada por el Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible Va y Ven.
Denuncia de "contrabando institucional"
Federico Döring, diputado federal y vocero del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, calificó la situación como un posible "contrabando institucional". Según su análisis, la presencia de infraestructura con impuestos locales de la CDMX en Yucatán sugiere una manipulación en los procesos contractuales. Döring planteó la hipótesis de que esta maniobra permitiría sacar fondos destinados a contratos específicos, generando ingresos indebidos bajo la premisa falsa de que los productos fueron entregados e instalados efectivamente en suelo yucateco.
La intervención legislativa busca establecer con claridad si existió una transferencia oficial de bienes entre entidades federativas o si, por el contrario, se trató de un uso fraudulento de partidas presupuestarias. Hasta el momento, la Semovi no ha emitido una respuesta pública definitiva sobre el trazado exacto de los fondos ni la justificación técnica de la instalación en otro estado.
Las autoridades del Congreso de la Ciudad de México continuarán monitoreando la respuesta de la Semovi para determinar si se inician las acciones legales correspondientes ante las denuncias de malversación. El caso mantiene la atención sobre la transparencia en la ejecución del gasto público en materia de movilidad urbana.
