Crisis Judicial en la Ciudad de México: Un Problema Constitucional y Ético
La crisis del Poder Judicial de la Ciudad de México ha trascendido hace tiempo el ámbito administrativo para convertirse en una cuestión de orden constitucional y ético de gran envergadura. El rezago acumulado en miles de expedientes, particularmente en materia familiar, civil y mercantil, no solo refleja una sobrecarga institucional, sino una falla estructural en la garantía del derecho fundamental a una justicia pronta, completa e imparcial, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Mexicana.
Volumen Crítico de Asuntos Sin Resolver
Las estimaciones disponibles, tanto en informes institucionales como en diagnósticos independientes, coinciden en señalar un volumen crítico de asuntos sin resolver que se arrastra desde hace años. Este problema se ha agravado tras sucesivos paros laborales, incluyendo el más reciente en febrero de 2026, evidenciando una justicia rebasada por la realidad social y una arquitectura institucional que no ha logrado transformarse al ritmo que exige el nuevo paradigma constitucional y convencional de derechos humanos.
Implementación Incompleta del Nuevo Código Nacional
La implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa, en teoría, un punto de inflexión al introducir principios clave como la oralidad, la concentración procesal, la inmediación judicial y la prevalencia del fondo sobre la forma. Sin embargo, en la práctica, el tránsito hacia este modelo ha sido incompleto, fragmentario y, en muchos casos, meramente declarativo. La persistencia de prácticas escriturales, dilatorias y formalistas evidencia una resistencia institucional que neutraliza el potencial transformador de la reforma.
Impacto Devastador en Poblaciones Vulnerables
Desde una perspectiva de filosofía del derecho, como advirtiera Ronald Dworkin, los derechos no son meras declaraciones retóricas, sino "cartas de triunfo" frente al poder del Estado. Cuando el aparato judicial es incapaz de materializarlos en tiempos razonables, se produce una forma de violencia institucional que erosiona la legitimidad del orden jurídico. Este diagnóstico adquiere una gravedad particular cuando se analizan sus efectos sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente niñas, niños y adolescentes.
En materia familiar, los expedientes relacionados con custodia, pensiones alimenticias, régimen de convivencias o violencia intrafamiliar pueden permanecer sin resolución durante dos años o más, pese a que la legislación establece plazos sustancialmente más breves y mecanismos de urgencia. El impacto de esta dilación es devastador, ya que para una niña o un niño, el tiempo no es una variable neutra: es una dimensión constitutiva de su desarrollo. Cada mes sin resolución implica la prolongación de condiciones de inestabilidad emocional, posibles contextos de violencia o privación de vínculos afectivos esenciales.
Violación Sistemática de Derechos Humanos
Desde la perspectiva del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4º constitucional y en la Convención sobre los Derechos del Niño, esta situación constituye una violación sistemática y estructural de derechos humanos. Más aún, en casos de violencia familiar, la demora judicial puede traducirse en la perpetuación del riesgo para las víctimas, poniendo en peligro la vida y la integridad de las personas, particularmente de mujeres, niñas y niños.
Efectos en el Ámbito Civil y Mercantil
En el ámbito civil y mercantil, el rezago también genera efectos profundos en la vida económica y social. Juicios sucesorios que se prolongan indefinidamente bloquean la transmisión de patrimonio, afectan la seguridad jurídica de las familias y generan conflictos intergeneracionales. Aunque el argumento recurrente de los órganos jurisdiccionales es la sobrecarga de trabajo, derivada de la densidad poblacional y complejidad social de la Ciudad de México, esta explicación no exime de responsabilidad institucional.
Necesidad de Replanteamiento del Modelo de Gestión
El reciente paro de labores en febrero de 2026 agrava este escenario, profundizando la crisis de acceso a la justicia y evidenciando la fragilidad del sistema. En este contexto, resulta imprescindible replantear el modelo de gestión judicial. La implementación del nuevo Código Nacional exige una transformación profunda en la cultura organizacional del Poder Judicial, incluyendo:
- Inversión en infraestructura tecnológica
- Ampliación de la planta jurisdiccional
- Profesionalización continua
- Un cambio de paradigma que coloque efectivamente a las personas en el centro del sistema
Credibilidad del Pacto Social en Juego
Desde una perspectiva más amplia, lo que está en juego es la credibilidad del pacto social. Como advirtiera Jürgen Habermas, el derecho sólo puede cumplir su función integradora si los ciudadanos confían en que sus normas serán aplicadas de manera justa y oportuna. Cuando esa confianza se erosiona, se abre la puerta a formas alternativas —muchas veces violentas— de resolución de conflictos.
El rezago judicial en la Ciudad de México es una crisis de justicia en su sentido más profundo, que interpela no solo a las instituciones, sino a la sociedad en su conjunto. La pregunta de fondo es ineludible: ¿qué tipo de Estado queremos ser, uno que promete derechos o uno que los garantiza? Mientras miles de expedientes duermen en los archivos y miles de personas esperan una resolución que no llega, la respuesta parece inclinarse peligrosamente hacia lo primero.
