La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expresó su respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a las acusaciones de presunta complicidad con el narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve servidores públicos vinculados a Morena. A través de sus redes sociales, Rodríguez afirmó que coincide con la defensa de la verdad, la justicia y la soberanía nacional, y señaló que, ante la falta de pruebas, las imputaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos tienen un carácter político.
Posición del gobierno mexicano
La titular de la Secretaría de Gobernación subrayó que el gobierno de México no encubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco permitirá injerencias extranjeras en asuntos que competen exclusivamente al país. En su mensaje en X, destacó: “Hoy la Presidenta de México fijó su posición ante la solicitud de extradición de ciudadanos mexicanos. Fue clara al señalar que como Gobierno no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco se permitirá la injerencia extranjera en asuntos que solo competen al país. Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
Contexto de las acusaciones
Las declaraciones se dan en medio de la solicitud de detención provisional con fines de extradición de 10 militantes de Morena, quienes también son servidores públicos en Sinaloa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclara que la extradición es un procedimiento administrativo que no determina culpabilidad o inocencia. Según los cuadernos de jurisprudencia, la extradición implica la entrega de una persona acusada o condenada por un delito en el territorio del Estado requirente, y puede aplicarse tanto a sospechosos como a condenados.
Naturaleza administrativa de la extradición
La SCJN enfatiza que la extradición es un proceso administrativo seguido en forma de juicio, cuyo fin es decidir si se entrega a la persona al Estado requirente para ser juzgada o para cumplir una condena. No constituye una acusación formal ni anticipa culpabilidad. En cuanto a la detención provisional, la Corte reconoce que el procedimiento depende de las autoridades de ambos países y que, en México, la persona es privada de libertad para garantizar su traslado si se concede la extradición.
