La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma sentencia contra exlíder del SNTE
En una decisión unánime y sin discusión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia que obliga a Elba Esther Gordillo Morales, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a pagar 19 millones 269 mil pesos al erario federal. Este monto corresponde a adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.
Recurso de Hacienda avalado por unanimidad
El máximo tribunal avaló el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, mediante el cual se declaró fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El recurso fue promovido contra la admisión del amparo que había sido tramitado por la exlíder magisterial y admitido previamente por la entonces presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández.
Las y los ministros determinaron que la demanda presentada por Gordillo Morales no planteaba temas de constitucionalidad, por lo que el asunto no correspondía a la competencia del Tribunal Constitucional. Con esta decisión, quedó firme la resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que obliga a la exdirigente sindical a cubrir el monto reclamado por la autoridad hacendaria.
Argumentos fiscales y falta de elementos probatorios
La exlíder del SNTE sostuvo que los montos exigidos correspondían a transacciones realizadas durante su gestión como secretaria general del sindicato. Sin embargo, no presentó elementos probatorios suficientes que acreditaran su dicho ante las autoridades.
De acuerdo con la autoridad fiscal, durante los ejercicios de 2008 y 2009 Gordillo recibió ingresos que no correspondían a sueldos y salarios, identificados como:
- Depósitos bancarios no declarados
- Pagos a tarjetas de crédito
- Pagos de servicios diversos
Estos ingresos debían ser gravados conforme a la legislación fiscal vigente en ese momento, lo que generó el adeudo ahora confirmado por la máxima instancia judicial del país.
