Suspensión de magistradas por favorecer a exgobernador de Tamaulipas
En un hecho que ha generado controversia en el ámbito judicial, la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación ha suspendido a dos magistradas de un Tribunal Colegiado de Circuito en Tamaulipas. La medida se tomó después de que concedieran un amparo al exgobernador Eugenio Hernández Flores, lo que le permitió evitar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Las magistradas involucradas y sus acciones
Las magistradas Dulce Yanet Vega Camacho y Lourdes Guadalupe Ávila Tovías, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo de Tamaulipas, fueron suspendidas tras una investigación que reveló irregularidades en su proceder. Según el TDJ, estas funcionarias emitieron resoluciones que se apartaron de las pruebas contenidas en el expediente y, además, corrigieron la plana a la defensa del exgobernador, acciones que tuvieron como objetivo impedir su extradición.
La extradición de Eugenio Hernández había sido concedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde marzo de 2018. Sin embargo, el exgobernador interpuso un amparo ante el juez Primero de Distrito en Tamaulipas, el cual fue rechazado inicialmente. Posteriormente, Hernández Flores presentó un recurso de revisión y solicitó que el magistrado Guillermo Cuatle Vargas, presidente del Colegiado, no participara en el caso, petición que fue aceptada al excusarse el propio magistrado por considerar que su imparcialidad podría estar comprometida.
Irregularidades en el proceso judicial
El TDJ destacó que el asunto estuvo sin movimiento durante siete años, hasta que a principios de diciembre de 2025, las magistradas ahora suspendidas resolvieron el incidente de recusación y excusa, y dictaron sentencia en el juicio. En esta resolución, modificaron la sentencia del juez federal y concedieron el amparo para negar la extradición, argumentando que la Cancillería mexicana no había tomado en cuenta la opinión jurídica de un juez, la cual, según señalaron, no era vinculatoria.
No obstante, el TDJ aclaró que, conforme a la normativa nacional y la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión sobre la extradición de una persona es facultad del Poder Ejecutivo. Este acto, que atañe a las relaciones con otros países y se basa en un principio de reciprocidad internacional, constituye un acto exclusivo de la soberanía nacional reservado al criterio del Ejecutivo Federal.
Consecuencias y medidas disciplinarias
El magistrado presidente de la Comisión de Disciplina del TDJ, Rufino H. León Tovar, explicó que se consideró que la permanencia de las dos magistradas en el Tribunal Colegiado podría afectar gravemente la impartición de justicia. Esto se debe a que su profesionalismo e imparcialidad en los juicios de amparo que deban resolver han sido puestos en duda.
Por lo tanto, mientras el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del PJF realiza la investigación correspondiente contra las magistradas, estas permanecerán suspendidas de sus cargos. Esta medida busca garantizar la integridad del proceso judicial y evitar que posibles sesgos influyan en futuras decisiones.
Este caso ha puesto en evidencia las tensiones entre los poderes judicial y ejecutivo en materia de extradiciones, así como la importancia de mantener la transparencia y la ética en la administración de justicia. La suspensión de las magistradas sirve como un recordatorio de las consecuencias que pueden enfrentar los funcionarios judiciales cuando sus acciones se apartan de los estándares legales y éticos establecidos.
