TEPJF absuelve a activista que expuso conexión de jueza con 'El Chapo'
La Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado revocar la sanción impuesta al activista Miguel Alfonso Meza, quien fue acusado de violencia política de género tras revelar en redes sociales los vínculos de la jueza penal de Chihuahua, Silvia Rocío García, con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
Fundamento de la decisión judicial
En una sesión celebrada el 16 de abril, el tribunal resolvió que las publicaciones de Meza no estaban relacionadas con el género de la candidata, sino que se centraban en cuestionar su idoneidad para el cargo debido a su trayectoria profesional. La jueza García fungió como abogada defensora de Guzmán Loera en 2016 y 2017, un hecho que el activista utilizó para argumentar sobre posibles conflictos de interés.
La sanción inicial, emitida por autoridades locales, exigía a Meza:
- Emitir una disculpa pública en sus redes sociales.
- Eliminar todas las publicaciones relacionadas con el caso.
- Inscribirse en el registro estatal y nacional de personas sancionadas por violencia política de género durante 180 días.
Sin embargo, el TEPJF consideró que en un contexto electoral, los límites de la crítica aceptable se amplían, protegiendo así el derecho del ciudadano a defender la democracia y la independencia judicial.
Protección del término 'narcoabogada' y reacciones
El fallo también avaló el uso de la expresión 'narcoabogada' para referirse a la jueza García, basándose en información veraz, ya que ella misma participó en un documental titulado 'Los narcoabogados del crimen organizado'.
La organización Artículo 19 celebró la decisión en la red social X, destacando que el discurso político sobre asuntos de interés público debe estar especialmente protegido por el derecho humano a la libertad de expresión. Advirtieron que limitar estas opiniones puede desincentivar el debate público y generar autocensura.
Por su parte, Miguel Meza expresó su satisfacción con el fallo, señalando que 'logramos un precedente que protege la libertad de exponer los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado'. Agregó que mantendrá la guardia en alto, ya que la exabogada del 'Chapo' podría impugnar la decisión.
Contexto más amplio: abuso de la figura de violencia política de género
Este caso se enmarca en una tendencia preocupante donde la figura de violencia política de género se utiliza incorrectamente para silenciar críticas legítimas. En 2025, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el 65% de los sancionados por este delito fueron periodistas y ciudadanos, como documentó la abogada Jesika Torres en un artículo del IMER.
Ejemplos notables incluyen el caso de la diputada federal Diana Karina Barreras, 'Dato Protegido', quien denunció por violencia política de género a una ciudadana que cuestionó en redes sociales cómo obtuvo su curul. El TEPJF falló a favor de Barreras, imponiendo sanciones severas que generaron indignación pública y críticas incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales han alertado que este mecanismo se ha convertido en un sistema de control previo de información, utilizado para acallar críticas legítimas en el ámbito político bajo el pretexto de proteger a las mujeres.
Miguel Meza es cofundador del proyecto 'Narcopolíticos', que colabora con la organización Defensorxs y periodistas como Luis Chaparro y Óscar Balderas para exponer los lazos entre figuras públicas y el narcotráfico. Su caso sienta un precedente crucial para la libertad de expresión en México.
