El influyente diario digital El Faro denunció este jueves que el gobierno de Nayib Bukele congeló bienes de dos de sus socios en represalia por las investigaciones y publicaciones sobre presuntos pactos entre el mandatario salvadoreño y las pandillas en El Salvador.
Medida judicial contra accionistas
La medida judicial afecta una cuenta bancaria y un inmueble vinculados a accionistas del medio. Según El Faro, el congelamiento se sustenta en un proceso fiscal por una supuesta deuda de impuestos que el periódico rechaza y considera parte de una estrategia de persecución política.
El documental 'The Deal' reavivó las acusaciones
El medio sostuvo que la acción ocurre tras la publicación del documental The Deal, una coproducción con Frontline PBS de Estados Unidos, que amplió las denuncias sobre supuestas negociaciones entre el Gobierno salvadoreño y líderes de las maras. El documental incluye entrevistas con Daniel Brunner, exagente del FBI involucrado en investigaciones sobre la MS-13, y retoma señalamientos publicados por El Faro desde 2020 sobre acuerdos para reducir homicidios a cambio de beneficios carcelarios para pandilleros.
El Faro denuncia persecución política y financiera
“La dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio”, señaló El Faro en un comunicado difundido este jueves. El periódico recordó que sus colaboradores trabajan desde el exilio desde hace un año y sostuvo que el Gobierno responde nuevamente con represalias a las publicaciones sobre “sus pactos mafiosos, su corrupción, su interés en concentrar todo el poder para sí mismo y sus círculos cercanos; y los efectos que esto tiene en la población salvadoreña”.
El Faro afirmó que el “objetivo final es silenciarnos” y sostuvo que el congelamiento de activos personales busca asfixiar financieramente al medio mediante medidas cautelares vinculadas con supuestas obligaciones tributarias.
Patrón de hostigamiento
Carlos Dada, director del periódico, aseguró que las auditorías fiscales iniciaron hace seis años y sostuvo que el medio ha pagado todos sus impuestos conforme a la ley. También calificó el proceso como ilegal y parte de un patrón de hostigamiento que incluye espionaje con el software Pegasus, campañas de difamación y amenazas de cárcel.
Organismos internacionales alertan sobre deterioro democrático
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, afirmó en la red social X que la “persecución” contra El Faro representa “una prueba más de la deriva autoritaria de El Salvador”. El proceso fiscal contra el medio comenzó en 2020 y, según El Faro, las autoridades no han logrado demostrar acusaciones de evasión fiscal ni de lavado de dinero.
En 2023, el periódico trasladó su estructura administrativa y legal a Costa Rica tras 25 años de operación en El Salvador. Periodistas de El Faro fueron víctimas de espionaje con el software Pegasus, de acuerdo con investigaciones internacionales.
Contexto del régimen de excepción
El caso ocurre en el contexto del régimen de excepción impulsado por Bukele desde 2022 para combatir a las pandillas. La medida permitió la captura de unas 92 mil personas sin orden judicial, en medio de denuncias de violaciones a derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad señalados por juristas internacionales.
Diversos organismos internacionales han advertido sobre el deterioro democrático y la concentración de poder en El Salvador bajo la administración de Bukele, quien mantiene altos niveles de popularidad por su estrategia de seguridad.
Éxodo de periodistas
La denuncia de El Faro se conoció un día después de que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reportó que 2025 registró la mayor ola de periodistas exiliados desde el fin de la guerra civil salvadoreña hace tres décadas. Según el informe anual de la APES, al menos 53 periodistas abandonaron el país durante el último año por acoso, vigilancia, amenazas y temor a detenciones arbitrarias, en un contexto de creciente presión contra la prensa independiente.
