¿Cómo es posible que uno de los temas centrales en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, como la solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve implicados, carezca de coordinación logística en su vigilancia entre la Presidencia de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)?
Versiones encontradas sobre la custodia
El pasado 4 de mayo, durante una visita a Sinaloa, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó que Rocha contaba con un equipo de protección federal. En sus palabras: “En este caso, no fue una solicitud, sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad; no es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”. Sin embargo, el 20 de mayo, el encargado de la seguridad nacional informó que Rocha Moya se encontraba en Sinaloa —ante rumores de un posible cambio de ubicación— y aclaró que la custodia que se le brinda ya no es por parte del gobierno federal: “No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México, tiene policía estatal, hasta donde tengo entendido”.
Dudas en la conferencia presidencial
La confusión se intensificó durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum del miércoles pasado. Al ser cuestionada si el gobernador con licencia Rubén Rocha seguía bajo resguardo de la Guardia Nacional, respondió: “Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que lo solicita y a partir de una evaluación de riesgo”. Ante la insistencia de los periodistas: “¿Pero sí la tiene todavía?”, la mandataria mostró incertidumbre: “Sí, entiendo que sí… No tengo información, pero pregunto”.
Falta de coordinación institucional
Estas declaraciones contradictorias entre la presidenta y el secretario de Seguridad revelan una preocupante falta de coordinación en un asunto de alta relevancia. Mientras García Harfuch afirma que la protección federal ya no existe, Sheinbaum da a entender que sí hay vigilancia. La pregunta que surge es: ¿quién está realmente informado en este país? La ciudadanía merece respuestas claras y unificadas sobre la seguridad de los implicados en una petición de extradición tan sensible.
