El actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es uno de los acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un problema de dejar para después la solución de los problemas es que esos problemas explotan de una manera tan problemática que crean nuevos problemas. Eso es lo que le está pasando al gobierno de Claudia Sheinbaum y a Morena.
Antecedentes del caso
Cuando trascendió que el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estaba programado para asistir a una reunión con capos del crimen organizado y con Melesio Cuén, cacique de la UAS, en el culebrón que derivó en el secuestro del Mayo Zambada, su traslado a Estados Unidos, la entrega voluntaria de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, y el asesinato del exrector, había evidencia suficiente para que el gobierno federal le solicitara la renuncia al gobernador o que el Senado declarara la desaparición de poderes en Sinaloa. Todavía con más razón, luego de que se comprobó que la fiscalía de ese estado armó un montaje para simular que a Cuén lo habían asesinado en un intento de robo en una gasolinería.
Reacciones políticas
Uno podría alegar que, cuando ocurrieron aquellos hechos, apenas habían pasado las elecciones presidenciales, el gobierno federal de López Obrador preparaba su salida y el de Sheinbaum apenas estaba en gestación. No sería un argumento válido, pero podría pasar como excusa. El caso es que, apenas en el primer mes de la presidencia de Sheinbaum, en una sesión especial del Congreso, los diputados de Morena corearon, unánimes, un “¡No estás solo!” de respaldo a Rocha Moya ante lo que calificaron de críticas y cuestionamientos que había recibido por aquellos hechos que lo involucraban y por la ola incontenible de violencia que siguió, en el proceso de fractura del Cártel de Sinaloa.
Presión internacional
Las porras a Rocha en el Congreso fueron apenas una semana antes de que Donald Trump resultara electo para regresar a la presidencia de Estados Unidos. La campaña de Trump tuvo fuertes matices antimexicanos y, desde el primer día, su segundo mandato se ha mostrado como una versión recargada del primero, no solo con la retórica, sino con actos abiertamente injerencistas en distintos países. Estaba claro, desde entonces, que sería mucho más que una piedra en el zapato en el camino del gobierno mexicano. ¿Se podía esperar, considerando las características del sistema judicial estadounidense, que el Mayo y el Chapito no cantaran ante los jueces en busca de beneficios personales? ¿No fue evidente que lo habían hecho cuando, en mayo de 2025, 17 miembros de la familia de Guzmán se entregaron a las autoridades de EU en la garita de San Ysidro?
Cooperación judicial
Ahora estos familiares están bajo un esquema de “libertad supervisada”, que intercambia protección por cooperación. Es obvio que los delincuentes hicieron todos los señalamientos que pudieron para que el gobierno de EU pudiera hacerse de las pruebas que quería. Y era de esperarse que en esos señalamientos estuvieran varios personajes del mundo político.
Estrategia fallida
Hace un año uno podría suponer que la presidenta Sheinbaum, ya asentada en el poder, y consciente de que en Estados Unidos se estaba cuidadosamente preparando una bomba mediática, política y judicial, dirigida a su gobierno, por la relación de Rocha y otros funcionarios con el crimen organizado, hubiera empezado a tomar cartas en el asunto, forzando una salida medianamente digna para el gobernador de Sinaloa. Es imposible que no haya visto venir el problema, pero prefirió diferir su solución. AMLO había nombrado directamente a Rocha como candidato y aparentemente tenía una relación privilegiada con él. En la disyuntiva, eligió no importunar al líder carismático del movimiento. Era el momento y lo desperdició.
Consecuencias actuales
Ahora el problema explotó. Y ha puesto a la Presidenta en un dilema muy difícil de resolver. Es imposible arroparse simplemente en la bandera y jugar al Juan Escutia. Se puede insistir en la presentación de pruebas conforme a las leyes mexicanas, pero hay un tratado de extradición que no las requiere: solo sirve para ganar tiempo. Acceder a la solicitud de EU implica romper un pacto interno de impunidad y tiene el peligro de que aquellos también canten sus versiones interesadas y salpiquen para todos lados con tal de salvar el pellejo.
Movimientos recientes
Por lo pronto, las solicitudes de licencia temporal (que durará todo el resto de su mandato) de parte de Rocha y del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, dadas a conocer en coincidencia con el regreso de Sheinbaum de su gira de trabajo por Palenque, indican que algo se ha negociado. Pero en la propaganda de Estado, tanto en las Mañaneras como en la televisión oficial, así como en el partido de gobierno, con todo y nueva dirigencia, siguen pateando la lata de la posposición. Con ello, alimentan el fuego. También lo hace, a sabiendas, el senador Insunza, muy orondo desde su rancho de Badiraguato.
Contexto económico
Todo esto se da en el contexto de la renegociación del T-MEC, que complica más las cosas. Recordemos que la advertencia pública más clara de que pronto habría “acciones significativas” de EU fue una declaración (hecha no casualmente en Sinaloa) del embajador Johnson: “el T-MEC exige penalizar los sobornos y la corrupción”. Y el tratado trilateral es un clavo ardiente al que, correctamente, se ha colgado el gobierno federal para sostener la economía.
Llamado a la acción
Antes de que exploten más problemas y esto se vuelva un tronido de chinampinas, será necesario atajar el problema actual con prontitud, aunque provoque berrinches entre los puros y duros, aquí y en La Chingada. También habrá que prevenirse de posibles próximas “acciones significativas” de EU. Si se sigue pateando la lata y pensando primordialmente en el frente político interno, no solo perderán Morena y Sheinbaum: perderá el país entero.
