Movimiento Ciudadano (MC) presentará este miércoles ante la Comisión Permanente del Senado un recurso para proponer la declaración de desaparición de poderes en Sinaloa, citando como antecedente la misma medida aplicada en 1935 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.
Antecedente histórico
El documento incluye una cronología de hechos que, según MC, justifican investigar al gobernador con licencia, Rubén Rocha, por graves faltas en la entidad. “La historia nos recuerda que, cuando un estado se convierte en un foco de desorden y vulnera el Estado de Derecho, el poder federal debe intervenir para restaurar el orden constitucional”, señala la propuesta.
Paralelismos con el gobierno de Manuel Páez
MC compara la administración de Rocha con la de Manuel Páez (1933-1936), a quien acusan de haber instaurado “un régimen monárquico personal, una autocracia que usó la justicia como instrumento de despojo y venganza”. El diputado federal Gibran Ramírez Reyes, promovente del punto de acuerdo, sostiene que esto quedó evidenciado en el conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa y en “el vil montaje del asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda”.
Violencia y represión
El recurso detalla que hace 90 años, Sinaloa vivió una etapa de desestabilización que afectó gravemente a su población. Páez, amigo cercano de Plutarco Elías Calles, fue descrito por el cónsul de Mazatlán, Frederick W. Hinke, como “incompetente y corrupto”. Su gobierno implementó políticas de represión contra grupos vinculados al cardenismo, lo que llevó al Senado a declarar la desaparición de poderes el 16 de diciembre de 1935.
Acusaciones actuales
MC señala que la administración de Rocha muestra “paralelismos inquietantes” con ese episodio, incluyendo vínculos con el narcotráfico y su supuesta participación en la extradición irregular de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que ha provocado un conflicto diplomático que afecta la soberanía nacional.
“A nadie le conviene que continúe la crisis de gobernabilidad en Sinaloa”, concluye la propuesta, que busca que el Senado investigue al gobernador y eventualmente declare la desaparición de poderes.
