El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, salió en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras una semana de señalamientos y acusaciones por parte del oficialismo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Romero reviró que la responsabilidad en el tema de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esa entidad recae en el gobierno federal.
Responsabilidad federal
Acusó que, en caso de existir presencia de agentes extranjeros, corresponde a la Federación autorizar, supervisar y explicar los términos de su participación, conforme al marco legal vigente. "Si no sabían, es una falla grave de coordinación; y si sí sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió. En ambos casos, la responsabilidad recae en el gobierno federal", sostuvo Romero.
Romero Herrera destacó la disposición de la gobernadora Maru Campos para colaborar, esclarecer los hechos y fortalecer la coordinación institucional, e insistió en que se continuará enfrentando al crimen organizado con firmeza. El dirigente nacional del PAN advirtió que no se puede permitir que resultados concretos en materia de seguridad sean utilizados para golpeteo político.
¿Del lado de quién?
"Hoy la pregunta es clara: ¿se está del lado de quienes combaten al crimen o de quienes prefieren atacarlos cuando ese combate da resultados?", estableció. Recordó que los señalamientos y ataques políticos contra la gobernadora de Chihuahua surgieron tras el operativo en el que se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes del país.
Romero Herrera subrayó que el eje de la discusión pública debería centrarse en el resultado del operativo, que representó un golpe contundente a la estructura del crimen organizado, y no en la construcción de conflictos políticos.
Compromiso contra el crimen
"En Chihuahua se combate al crimen organizado, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles", afirmó. El dirigente panista advirtió que, en lugar de reconocer este resultado, el gobierno federal optó por desviar la atención y politizar el tema, generando un conflicto entre niveles de gobierno sin contar con una investigación concluida. Recalcó que no se puede permitir que resultados concretos en materia de seguridad sean utilizados para golpeteo político.
