El mexicano Efraín Zúñiga-García, de 38 años, se declaró culpable este lunes ante un juez de Texas por su participación en una red de tráfico de migrantes que, entre septiembre de 2020 y septiembre de 2023, logró introducir ilegalmente a Estados Unidos a entre 2 mil 500 y 3 mil personas de diversos países. La organización cobraba hasta 12 mil dólares por cada migrante, generando ganancias totales estimadas entre 16 millones y 30 millones de dólares.
Operación de la red de tráfico
Zúñiga-García, quien fue deportado a Estados Unidos en septiembre de 2025, era el responsable de una casa de seguridad en Monterrey, donde coordinaba el alojamiento temporal de los migrantes antes de su traslado a la frontera. En ese lugar y en otro sitio en Piedras Negras, Coahuila, se alojaron migrantes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador.
La organización operaba a través de un traficante pakistaní radicado en Brasil que contactaba inicialmente con los extranjeros. Este traficante colaboraba con un traficante en San Antonio, Texas, y con un inmigrante indocumentado de Honduras, Enil Edil Mejía-Zúñiga, para facilitar el viaje desde Sudamérica a Estados Unidos.
Roles y sentencias
Mejía-Zúñiga dirigía las operaciones y pagaba a guías armados a pie ("coyotes"), conductores de carga y operadores de casas de seguridad, como Zúñiga-García. Mejía-Zúñiga fue sentenciado en julio de 2025 a 10 años de prisión. Su coacusada, Mónica Hernández-Palma, de 34 años y también mexicana, fue sentenciada en mayo de 2026 a 3 años y 5 meses de prisión.
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró que Zúñiga-García era responsable de la casa de seguridad en Monterrey y coordinaba con otros miembros la entrega a los "coyotes", quienes guiaban a los migrantes a través del río Grande hacia Estados Unidos.
Cargos y posible sentencia
Zúñiga-García se declaró culpable de conspiración para introducir extranjeros en Estados Unidos, de introducir a un extranjero con fines de lucro y de complicidad. Aún no se ha fijado la fecha de su sentencia, pero enfrenta una pena mínima obligatoria de tres años de prisión.
El Departamento de Justicia informó que la oficina de HSI en Del Rio lideró las investigaciones, en conjunto con la Unidad de Tráfico de Personas de HSI en Washington, D.C. y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con autoridades mexicanas para lograr el arresto y la extradición de Zúñiga-García el año pasado.
