Las llamadas “pensiones doradas” que el gobierno de México redujo de cientos de miles de pesos a la mitad del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, finalmente quedarán “topadas” al equivalente del salario mensual de la titular del Ejecutivo, informó la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.
Decisión tomada tras amparos y contradicciones legales
La funcionaria reconoció que la decisión se tomó tras los amparos que interpusieron quienes contaban con esas pensiones y a inconsistencias legales que se detectaron por el propio gobierno federal. La propia Constitución contenía dos topes: uno máximo, el salario de la presidenta, y otro de la mitad de ese salario, lo que generaba contradicciones.
“Entonces, nosotros opinamos cuando nos preguntaron las instituciones sobre las quejas que estaban recibiendo, que dado que los dos conceptos quedaron establecidos en la Constitución resultaban contradictorios y que había que aplicar, que nuestra posición era aplicar lo que era más benéfico para la persona. Por eso es que están recibiendo como tope máximo lo que recibe la presidenta”, puntualizó Alcalde.
El tope: salario presidencial, no la mitad
La Consejera Jurídica explicó que el criterio para determinar el monto fue que constitucionalmente ningún funcionario puede tener un salario mayor que el del titular del Ejecutivo. Actualmente, la presidenta percibe 191 mil 846 pesos brutos al mes, y 133 mil pesos netos tras descuentos de impuestos.
“Como cinco mil millones más o menos. Entonces, que quede bien claro, ¿no? Porque todavía hay quienes quisieran regresar al pasado y decir: 'Es mi derecho recibir un millón de pesos.' No, no. La Constitución es clara en establecer este tope”, recalcó la funcionaria.
Impacto en los beneficiarios y finanzas públicas
Esta medida afecta a un grupo reducido de exempleados del gobierno que gozaban de pensiones millonarias, conocidas como “pensiones doradas”. El ajuste busca alinear los beneficios con el principio de que ningún servidor público puede ganar más que la presidenta, un mandato constitucional que ahora se aplica de manera más estricta.
La decisión también representa un ahorro significativo para las finanzas públicas, aunque no se especificó el monto total. Sin embargo, se estima que el ajuste a la mitad del salario presidencial ya había reducido el gasto en varios cientos de millones de pesos.
Reacciones y contexto legal
Los amparos presentados por los afectados argumentaban que el tope a la mitad violaba sus derechos adquiridos. El gobierno federal, al analizar las quejas, optó por aplicar el tope más alto permitido por la Constitución, evitando así mayores litigios y cumpliendo con el principio de máxima protección a la persona.
Luisa María Alcalde enfatizó que esta interpretación es la correcta y que no se permitirá que se regrese a prácticas del pasado donde algunos funcionarios recibían pensiones desproporcionadas. “La Constitución es clara”, sentenció.
