La intervención del Ejecutivo federal en Veracruz, anunciada por la presidenta durante su conferencia matutina del pasado jueves, marca un punto de inflexión en el conflicto entre el gobierno estatal y la figura de revocación de mandato. La Consejería Jurídica de la Presidencia revisará la reforma local aprobada por el Congreso veracruzano, que especialistas y ciudadanos consideran una "contrarreforma" que desnaturaliza el mecanismo constitucional.
Detalles de la contrarreforma veracruzana
El Congreso de Veracruz, con mayoría de Morena y aliados, aprobó una modificación que reduce de dos meses a 30 días el plazo para recolectar firmas de apoyo a la revocación de mandato. Además, se agregó un candado del 3% de firmas en cada uno de los 107 municipios, requisito que expertos califican de inviable. El académico de la Universidad Veracruzana (UV), Eduardo de la Torre Jaramillo, promotor de la acción ciudadana para activar la revocación en el estado, calificó la reforma como "inconstitucional" y recordó que la reforma federal de 2021 obliga a los estados a armonizar la figura sin añadir restricciones locales.
Presión federal para corregir la legislación
La revisión de la Consejería Jurídica abre la puerta a que el Congreso veracruzano tenga que corregir la reforma y emitir la ley secundaria antes de la primera semana de agosto, fecha límite marcada por el Código Electoral debido al inicio del proceso para renovar el Congreso local en noviembre. De la Torre anticipó que el Legislativo podría verse obligado a convocar una nueva sesión para revertir la contrarreforma y acatar la armonización federal. "Quiero ver si son tan valientes de mandar al diablo a la presidenta", dijo, tras recordar que la ciudadanía entregó más de 10,500 firmas y una iniciativa de ley que el Congreso ignoró desde noviembre pasado. Aseguró que la omisión legislativa y la contrarreforma constituyen una regresión democrática que niega a los veracruzanos su derecho humano a participar en un proceso de revocación de mandato.
Contexto nacional y precedente en Hidalgo
El académico señaló que la maniobra legislativa reproduce lo ocurrido en Hidalgo, donde la contrarreforma local hizo imposible reunir las 239 mil firmas requeridas y el proceso fracasó. "La presidenta no quiere repetir ese escenario en 2028, cuando le toque su propia revocación", afirmó. Según su lectura, la presión federal busca evitar que los gobernadores de Morena utilicen candados locales para blindarse: "Si me voy yo, también se van ustedes". La reforma federal de 2021 exige a los estados armonizar la figura tal cual, sin añadir restricciones. Sin embargo, el Congreso de Veracruz no solo alteró los plazos y requisitos, sino que además lleva cuatro años y ocho meses sin expedir la ley secundaria, pese a múltiples sentencias de tribunales electorales que ordenan su emisión. "Si no hay ley secundaria, no puede haber revocación de mandato", advirtió De la Torre.
Postura de la gobernadora Rocío Nahle
Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, minimizó la reforma que endurece los requisitos para solicitar la revocación de mandato y aseguró en una entrevista radiofónica que el tema "no le quita el sueño", pero evadió pronunciarse sobre la acotación que el propio Congreso hizo al mecanismo de participación ciudadana. Mientras la modificación reduce la posibilidad real de que la ciudadanía active una evaluación de su gobierno, Nahle optó por respaldar sin matices a los diputados de su coalición y repetir que "la ley se respeta", sin explicar por qué la mayoría oficialista decidió cerrar aún más la puerta a la revocación, rompiendo así con el pacto obradorista y la esencia de esta disposición.
