La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que, durante el primer semestre del año 2026, se han impuesto sanciones disciplinarias a un total de 226 personas servidoras públicas que ocupan puestos de mando dentro del Gobierno Federal. Estas medidas correctivas tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y responden específicamente a la comisión de faltas administrativas clasificadas como no graves, las cuales vulneraron el ejercicio adecuado de la función pública entre los meses de enero y junio.
Desglose de infracciones y niveles jerárquicos
El balance oficial presentado por la dependencia detalla que la totalidad de las infracciones no graves contabilizadas en este periodo ascendió a 242 casos. De esta cifra, la mayoría corresponde a incumplimiento de funciones encomendadas. Asimismo, se registraron nueve casos derivados de abuso del cargo y un expediente específico relacionado con abuso de funciones vinculado a situaciones de acoso y hostigamiento sexual o laboral.
En cuanto al nivel jerárquico del personal involucrado en estas determinaciones, las correcciones disciplinarias impactaron a una diversa gama de cargos directivos. El reporte indica que las sanciones alcanzaron a diez titulares de unidad, ocho directores generales, 45 directores de área, 33 subdirectores y 130 jefes de departamento. Es importante señalar que, bajo los criterios legales de proporcionalidad y gravedad establecidos, es posible que un solo funcionario haya sido acreedor a más de un castigo simultáneo.
Tipos de sanciones y expedientes graves
Las correcciones disciplinarias impuestas por la autoridad administrativa contemplaron diversas medidas correctivas. Se aplicaron 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones (ya sean públicas o privadas) y cinco destituciones. Estos fallos buscan garantizar el cumplimiento estricto del marco legal en la función gubernamental.
Paralelamente a las sanciones administrativas menores, la dependencia notificó la remisión de 416 expedientes adicionales al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución definitiva. Estos casos corresponden a conductas catalogadas como graves conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que implica un proceso judicial administrativo distinto al de las faltas no graves.
Derechos de impugnación y política institucional
Los funcionarios sancionados conservan expedito su derecho a impugnar los fallos emitidos contra ellos. Ante esta posibilidad legal, la institución aseguró que defenderá las resoluciones dictaminadas, manteniendo una postura firme frente a cualquier recurso de inconformidad. Con este paquete de medidas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ratificó su política de cero tolerancia frente a las irregularidades en la administración pública.
Esta acción refuerza la fiscalización interna en los mandos del Poder Ejecutivo, con el objetivo declarado de erradicar la impunidad y asegurar que el ejercicio de la función pública se realice conforme a la normatividad vigente. Los expedientes graves remitidos al tribunal continuarán su curso legal independiente de las sanciones administrativas ya ejecutadas.
