La estrategia presentada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para combatir el despojo de inmuebles ha sido calificada como insuficiente por legisladores de la oposición. Diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano argumentaron que el plan carece de mecanismos esenciales para investigar a funcionarios públicos acusados de connivencia con grupos invasores.
Críticas a la falta de revisión de perfiles funcionales
Diego Garrido, diputado local del PAN, Tania Larios del PRI y Royfid Torres de Movimiento Ciudadano coincidieron en que la propuesta gubernamental no aborda la raíz institucional del problema. Garrido señaló que existe una brecha crítica en el flujo de información entre dependencias públicas y los actos de invasión. Según detalló al medio de comunicación, desde la Tesorería se genera información clave sobre qué predios han incumplido con el pago del impuesto predial.
"Los invasores van y checan si esos predios están abandonados o en qué estado se encuentran, y luego vienen los despojos", explicó Garrido. Los legisladores enfatizaron que entidades como el Registro de la Propiedad de la Ciudad de México, los juzgados competentes y la Tesorería deben ser objeto de escrutinio para detectar posibles colusiones. Larios añadió que la estrategia debería incluir "cero tolerancia a los funcionarios coludidos con los despojadores", un elemento que consideraron ausente en el anuncio oficial.
Urgencia de protocolos policiales y actuación inmediata
El debate también se centró en la respuesta operativa de las fuerzas de seguridad. El diputado Mario Sánchez, también del PAN, destacó que cuando los ciudadanos solicitan auxilio policial durante el momento exacto de una invasión o horas después, la intervención es nula. Sánchez afirmó: "Esa es su chamba, pero no la hacen, muchas veces no quieren, porque en algunos casos están coludidos", aunque matizó que no buscaba generalizar esta afirmación.
Torres y Larios subrayaron la necesidad imperante de establecer un protocolo de actuación policial claro. Advertieron que la ausencia de intervención inmediata abre la puerta a la impunidad en estos delitos. Sin un procedimiento estandarizado que obligue a la presencia y acción de la policía, la capacidad de restituir los bienes se ve comprometida drásticamente.
Defensa de Morena y cuestionamientos sobre viabilidad
En contraste con las críticas de la oposición, el diputado local de Morena, Paulo García, defendió la iniciativa de Brugada. Consideró que la estrategia demuestra voluntad política para enfrentar el flagelo y destacó la creación de la Unidad de Análisis Criminal y la Agencia de Judicialización Rápida como herramientas para agilizar la atención de los casos. No obstante, Sánchez replicó que estas figuras no representan una innovación real, ya que la Fiscalía de Atención a Delitos Patrimoniales (FIDAMPU) ya tiene atribuciones para atender despojos. Argumentó que el gobierno local simplemente está cambiando los nombres de las instituciones sin proponer una solución estructural al problema.
Dudas sobre los plazos de restitución
Un punto de fricción adicional fue el plazo propuesto por la administración capitalina para devolver las viviendas. García informó que Brugada planteó restituir las casas invadidas en un periodo de 15 días. Esta cifra generó escepticismo inmediato en la bancada opositora. Larios cuestionó directamente cómo se lograría dicha hazaña administrativa y operativa sin especificar los recursos adicionales necesarios. Sánchez añadió que cumplir con ese cronograma exigiría contratar más personal, una medida que no estaba explícitamente detallada en la estrategia presentada.
Larios propuso que el gobierno debe elaborar una lista especial de aquellas casas que fueron despojadas hace una o dos décadas y que aún no han sido restituidas a sus dueños legítimos. Solicitó que la autoridad rinda cuentas específicas a esas familias históricamente afectadas. La discusión continúa mientras la oposición insiste en que la transparencia en los perfiles de los funcionarios involucrados y la capacitación policial son prerequisitos para cualquier intento efectivo de erradicar el despojo en la capital.
