El diputado local Jesús Sesma, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa legislativa dirigida a modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de las Alcaldías. El objetivo central de esta propuesta es garantizar mayores oportunidades de inserción laboral para personas con discapacidad dentro de la administración pública capitalina, estableciendo un cupo mínimo obligatorio.
Cupo laboral mínimo del cinco por ciento
La reforma plantea que las delegaciones y el gobierno de la Ciudad de México deban reservar, como mínimo, el cinco por ciento de sus plazas laborales para este sector específico de la población. Para asegurar que esta norma se cumpla en la práctica, la iniciativa asigna a la Secretaría de Administración y Finanzas la responsabilidad directa de supervisar y vigilar el cumplimiento de este requisito durante la gestión del capital humano en todas las dependencias públicas.
Sesma argumentó que, aunque existe una obligación legal vigente desde el año 2010, la implementación ha sido insuficiente. El legislador señaló que, pese a la existencia de diversos programas de vinculación, no hay evidencia concreta de su ejecución efectiva debido a la falta de fuerza institucional. La propuesta busca corregir esta situación vinculando directamente a las alcaldías en la integración de plantillas más incluyentes.
Datos demográficos y brecha de empleo
Para sustentar la urgencia de la medida, el diputado citó cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según estos datos oficiales, en México habitan 8.9 millones de personas con discapacidad. De este grupo poblacional, más del 40 por ciento cuenta con la capacidad física y mental necesaria para desempeñar actividades productivas en el mercado laboral.
No obstante, la realidad estadística muestra una brecha significativa. Únicamente cuatro de cada diez personas con discapacidad se encuentran trabajando o buscando empleo activamente. Esta cifra refleja un subempleo estructural que la iniciativa del PVEM pretende mitigar mediante la intervención directa en la contratación pública de la capital.
Necesidad de observancia real en instituciones locales
Jesús Sesma enfatizó la necesidad de consolidar estos derechos en la legislación local, destacando que la Ciudad de México requiere mecanismos de observancia reales dentro de las dependencias públicas. Sobre la situación actual de las instituciones frente a este sector, el parlamentario sostuvo: “En la Ciudad de México se cuenta con el marco legal y los programas necesarios, pero aún no se cuenta con la fuerza institucional suficiente para garantizar el cumplimiento de este derecho”.
La reforma presentada por el diputado del PVEM busca transformar el cumplimiento de este derecho de una recomendación a una obligación estricta supervisada por la autoridad financiera correspondiente. Al asignar responsabilidades claras a la Secretaría de Administración y Finanzas, se pretende crear un sistema de rendición de cuentas que obligue a las alcaldías a reportar y cumplir con el porcentaje establecido.
Esta iniciativa representa un intento por cerrar la brecha entre la normativa existente y la aplicación práctica en el servicio público capitalino, enfocándose en la inclusión laboral como un derecho garantizado por el Estado mediante cuotas específicas y supervisión institucional.
